Gobierno federal analiza regularización de 800 mil viviendas abandonadas u ocupadas: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que el gobierno federal trabaja en una estrategia para regularizar alrededor de 800 mil viviendas en todo el país que actualmente se encuentran abandonadas o invadidas, como parte de un esfuerzo para enfrentar el rezago habitacional y evitar el desperdicio de infraestructura.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que estas propiedades fueron construidas en su mayoría por el Infonavit en sexenios pasados en zonas alejadas de los centros de población, lo que provocó que muchas personas dejaran de habitarlas por las dificultades de traslado o por fraudes en la asignación de créditos.
“Nosotros tenemos un plan para hacer un millón 100 mil viviendas, y hay 800 mil ya construidas que no están habitadas por quienes ejercieron el crédito. Tenemos que clarificar esa situación, no cerrar los ojos y decir que no pasa nada”, declaró.
El anuncio se da en medio de críticas surgidas desde algunos sectores, principalmente desde medios de comunicación y columnistas, tras la presentación del plan por parte del director del Infonavit, Octavio Romero. Entre las propuestas, se contempla que algunas personas que actualmente habitan estas casas, aunque no sean propietarias legales, puedan regularizar su situación.
Ante ello, Sheinbaum reiteró que la propiedad privada está garantizada por la Constitución y que el programa no contempla expropiar viviendas ni afectar a los legítimos dueños. “Eso debe quedar muy claro. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Que no haya malas interpretaciones, como las que se han hecho por algunos comentócratas”, enfatizó.
La presidenta subrayó que el gobierno buscará opciones legales y justas para resolver la situación de estas viviendas, muchas de las cuales llevan años sin uso o en condiciones de irregularidad, lo que representa no solo un problema social, sino también económico para el país.
“El asunto es: ¿qué hacemos con esas viviendas? Muchas están abandonadas y otras ocupadas por alguien que no pagó. Sería absurdo dejarlas en el abandono. Se están analizando opciones para darles un uso social sin afectar derechos adquiridos”, concluyó.
El gobierno continúa evaluando mecanismos para abordar el problema, siempre bajo el principio de respeto a la ley, transparencia y justicia para los trabajadores que ejercieron su derecho a una vivienda digna.