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Gobierno transparenta documentos del caso Rocha Moya y rechaza que exista protección política

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La administración federal difundió documentos sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos y reiteró que no habrá impunidad, pero tampoco acciones sin pruebas suficientes.

El Gobierno de México dio a conocer documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, al tiempo que rechazó que exista un “blindaje” político en favor de los señalados.

Durante la conferencia encabezada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, se informó que la difusión de la documentación fue instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a solicitudes de acceso a la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que únicamente permanecerán reservadas las notas diplomáticas vinculadas con los expedientes judiciales, debido a su carácter confidencial.

Los documentos indican que el 28 de abril de 2026 el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y por supuestos delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas. No obstante, las autoridades mexicanas subrayaron que se trata de acusaciones que aún no constituyen una condena.

El Gobierno federal sostuvo que las solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de integrar la investigación y determinar las acciones legales correspondientes conforme al marco jurídico mexicano.

Asimismo, reiteró que el sistema penal acusatorio exige pruebas suficientes para proceder con una detención o una acción judicial, por lo que no se actuará únicamente con base en señalamientos. La administración federal aseguró que no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero insistió en que cualquier procedimiento deberá respetar el debido proceso y la Constitución.

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