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Godoy detalla reformas electorales para elección de integrantes del Poder Judicial

Ernestina Godoy, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Poder Judicial, explicó algunos de los puntos clave de la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, enfocadas en la elección de los integrantes del Poder Judicial.

Entre los aspectos más destacados, Godoy mencionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de emitir las normativas para las campañas de los aspirantes. Estas campañas estarán limitadas por la prohibición de adquirir publicidad en radio y televisión, y el INE también deberá establecer los mecanismos para evitar que los candidatos reciban financiamiento externo. Además, se determinarán los montos personales que podrán gastar los aspirantes, y se fiscalizarán los gastos realizados durante el proceso.

En cuanto al material de campaña, Godoy detalló que los candidatos no podrán entregar utilitarios, limitándose a distribuir trípticos con su visión y propuestas. Asimismo, el INE deberá garantizar que ningún partido político se involucre en las campañas y será responsable del diseño de la boleta electoral.

Fechas clave del proceso electoral

La convocatoria general para la elección se emitirá el 16 de octubre, y para el 31 de ese mes, los tres poderes de la Unión deberán instalar sus respectivos comités de evaluación, quienes tendrán la tarea de revisar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos a ministros, magistrados y jueces.

El registro de aspirantes comenzará el 24 de noviembre, y la evaluación final de los candidatos deberá concluir el 15 de diciembre. Posteriormente, el 4 de febrero de 2025 se seleccionará a los finalistas mediante insaculación pública y abierta, y los listados definitivos se enviarán al INE el 12 de febrero para proceder con la organización de la elección.

Armonización en los estados

Godoy también mencionó que los estados deberán adecuar sus constituciones para permitir la elección de magistrados y jueces estatales, ya sea en dos etapas (mitad en 2025 y la otra mitad en 2027) o en una única elección en 2027. Los institutos electorales locales estarán vinculados a estas reformas y deberán organizar las elecciones en cada entidad.

Con estas reformas, se busca implementar un proceso electoral transparente y vigilado, asegurando que la elección de los integrantes del Poder Judicial se realice con imparcialidad y sin la intervención de partidos políticos.