La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 476 millones de pesos en el Hospital General de México “Eduardo Liceaga” y en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), principalmente por pagos sin evidencia documental, fallas en controles administrativos y transferencias cuestionables.
Las dependencias deben aclarar el uso de esos recursos de la Cuenta Pública 2024.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó este sábado la detección de irregularidades y posibles daños al erario por un total de 476 millones 408 mil 618 pesos en el Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga y en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ambos sujetos a revisión en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024.
De acuerdo con el informe individual de la ASF, el Hospital General enfrenta un señalamiento de 354 millones 474 mil 144 pesos por el uso inadecuado de recursos asignados en los capítulos de materiales, servicios y servicios generales, debido a pagos realizados sin evidencia documental que acredite la prestación real de servicios, como pruebas de laboratorio, recolección de ropa o suministro de alimentos y vigilancia.
Entre los conceptos cuestionados figura el pago de 214 millones 883 mil pesos a una empresa por pruebas de laboratorio sin comprobante de que se hayan efectuado; asimismo, se efectuaron pagos por más de 90 millones de pesos a proveedores por servicios diversos sin documentación justificativa.
Por su parte, la ASF afirmó que la Cofepris, organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, debe aclarar el destino de 121 millones 934 mil 474 pesos debido a deficiencias en el control de sus registros contables y presupuestarios, así como insuficiencias en el manejo de su almacén de sustancias químicas y en la supervisión de herramientas informáticas.
El órgano fiscalizador también señaló transferencias irregulares de recursos entre empresas proveedoras y hacia un servidor público de Cofepris y su cónyuge, en las que participaron diversas personas físicas y morales.
Las autoridades correspondientes tienen ahora el deber de aclarar y acreditar los servicios y gastos señalados, dentro del marco de la fiscalización de la administración pública federal.
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