Al menos 40 personas habrían permanecido retenidas en el sótano de una vivienda utilizada por integrantes de la Guardia Nacional de Ucrania; las denuncias de tortura provocaron protestas y enfrentamientos con las autoridades.
Una fuerte movilización ciudadana se registró en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, en las afueras de Kiev, Ucrania, luego de que se difundieran denuncias sobre la presunta existencia de un centro clandestino de detención en el sótano de una vivienda particular.
De acuerdo con reportes de medios ucranianos, alrededor de 40 hombres, entre ellos algunos adolescentes, habrían permanecido retenidos en el inmueble por integrantes de la Guardia Nacional. Las primeras denuncias señalaban que varias personas presentaban lesiones graves y posibles signos de tortura.
La situación se hizo pública el lunes 2 de noviembre, cuando una ambulancia acudió al lugar y una trabajadora sanitaria aseguró haber recibido un video en el que aparecían personas en condiciones críticas. Las imágenes y los testimonios difundidos en redes sociales provocaron que cientos de personas se congregaran frente a la vivienda para exigir la liberación de los presuntos detenidos.
La protesta escaló cuando algunos manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al inmueble. Durante los enfrentamientos se registraron daños a vehículos policiales, lanzamiento de objetos, disparos y utilización de gases lacrimógenos.
El comandante de la Guardia Nacional ucraniana, Alexandr Pivnenko, reconoció que en el inmueble se encontraban militares, algunos de los cuales habían abandonado sus unidades sin autorización. Informó que cuatro elementos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
Sin embargo, las autoridades policiales rechazaron que existiera una cárcel clandestina y negaron las versiones sobre personas fallecidas dentro del inmueble. Aseguraron que la propiedad funcionaba como un punto temporal de alojamiento para integrantes de la Guardia Nacional.
La defensora del pueblo militar de Ucrania, Olga Reshetílova, anunció una investigación para esclarecer las condiciones en las que permanecían los militares y determinar si existieron abusos o violaciones a sus derechos.
El caso también provocó la intervención de funcionarios del gobierno ucraniano, mientras que el Servicio de Seguridad de Ucrania informó que identificó a alrededor de 100 personas que participaron activamente en los disturbios y que analizaba posibles detenciones.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, utilizó el escándalo para cuestionar la situación interna de Ucrania y afirmó que las instituciones europeas intentan evitar que este tipo de denuncias afecten al gobierno de Kiev.
El episodio vuelve a poner bajo atención las dificultades de Ucrania para mantener sus fuerzas militares y las controversias relacionadas con los procedimientos de movilización, las deserciones y el trato a los soldados.
Las circunstancias de las presuntas detenciones y las denuncias de tortura permanecen bajo investigación, por lo que todavía no existe una conclusión oficial sobre posibles responsabilidades. La Jornada+3
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