Hegseth defiende uso de tropas en redadas migratorias; senadores cuestionan legalidad y propósito del despliegue

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió este miércoles ante el Congreso su controvertida decisión de desplegar a miles de efectivos militares para apoyar las redadas migratorias en Los Ángeles, argumentando que el objetivo principal es “mantener el orden público” y proteger a los agentes del orden durante las operaciones.

“La misión en Los Ángeles, como bien sabe, señor, no se trata de letalidad”, declaró Hegseth durante su comparecencia.
“Se trata de mantener el orden público en nombre de los agentes del orden que merecen hacer su trabajo sin ser atacados por multitudes de personas”.

Sin embargo, sus declaraciones provocaron fuertes críticas por parte de legisladores, como el senador demócrata Jack Reed, presidente del Comité de Servicios Armados, quien calificó la medida como ilegal, advirtiendo que podría erosionar la preparación militar y cuestionando además cómo se está financiando el despliegue.

Este fue el segundo día consecutivo en el que el secretario de Defensa fue objeto de duras preguntas en el Capitolio, no solo sobre el operativo en California, sino también respecto a temas como la continuación del apoyo militar a Ucrania, un polémico acuerdo con Qatar para la adquisición de aviones, y la creciente tensión entre autoridades estatales y federales.

La operación en Los Ángeles ha incluido el despliegue de más de 4 mil elementos de la Guardia Nacional y 700 marines, lo cual ha generado inquietud por su posible interferencia directa en labores de cumplimiento de la ley, función que legalmente no está permitida a las fuerzas armadas dentro del territorio nacional.

Fotografías recientes han mostrado a tropas estableciendo perímetros de seguridad alrededor de agentes migratorios durante arrestos, lo que ha sido interpretado por activistas y analistas como una peligrosa militarización de la política migratoria.

Además, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha expresado públicamente su rechazo al despliegue, calificándolo de “injerencia federal injustificada” y “escalada innecesaria” en un contexto ya tenso tras las recientes redadas migratorias en el estado.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido una postura oficial sobre el uso de tropas en estas operaciones, mientras la controversia continúa escalando tanto a nivel estatal como federal, en medio de una creciente presión política por las elecciones presidenciales de noviembre.