‘Huachicol fiscal’: una “empresa criminal conjunta” que une al Estado, empresarios y crimen organizado
La estrategia de militarización en México ha revelado una compleja red de corrupción que va más allá de un simple acto delictivo. En una entrevista con ‘Aristegui en Vivo’, el analista Jacobo Dayán describió el concepto de “empresa criminal conjunta”, un entramado en el que instituciones del Estado, empresarios y cárteles operan en conjunto para controlar mercados legales e ilegales.
La triada del huachicol
Dayán explicó que el “huachicol fiscal” no es solo un caso de corrupción, sino una red de “macrocriminalidad” en la que colaboran funcionarios de la Secretaría de Marina, aduanas, gobernadores, empresarios y grupos criminales, como el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta estructura, que opera con protección al “más alto nivel”, se extiende desde Tamaulipas hasta Veracruz y el Pacífico, involucrando incluso a las fuerzas armadas.
El experto señaló que esta “empresa criminal” opera con impunidad y opacidad, y que la falta de acción eficaz por parte de las autoridades demuestra la magnitud y las implicaciones políticas del problema.
Un concepto de tribunales internacionales
Para ilustrar la complejidad del caso, Dayán recurrió al concepto de “empresa criminal continua”, utilizado en tribunales internacionales, como los de Núremberg o la antigua Yugoslavia. Esta definición se aplica a organizaciones que operan como grandes corporativos con fines delictivos, donde cualquier colaborador, incluso sin participar en los crímenes violentos, tiene responsabilidad penal.
Esto significa que, en el caso del “huachicol fiscal”, la empresa que lava el dinero, la agencia aduanal que permite la entrada del combustible o los funcionarios que brindan protección, son tan responsables como los miembros de los cárteles que cometen actos violentos, como asesinatos y desapariciones.
