Usuarios del transporte público de la ruta San José denunciaron que el aumento de 12 a 20 pesos es ilegal y abusivo, y acusan a autoridades de avalar el ajuste pese al impacto en las familias.
Tras una reunión sostenida el pasado viernes entre representantes del Instituto de Movilidad y Transporte, concesionarios y usuarios, habitantes del sector manifestaron su inconformidad al señalar que, lejos de resolverse el problema, se confirmó que el Gobierno estaría de acuerdo con el aumento, pese a que la ruta no cumple con los requisitos mínimos de operación.
Durante el encuentro, transportistas aceptaron que los camiones no pertenecen al concesionario, sino que son rentados, situación que, de acuerdo con los denunciantes, viola la normatividad vigente.
“Es ilegal lo que están haciendo. El concesionario no tiene camiones propios y aun así mantiene los permisos; por eso deberían retirárselos”, expresó Ariel Osuna, uno de los usuarios afectados.
Los habitantes señalaron que la ruta opera de manera irregular, sin cumplir recorridos completos ni horarios establecidos, y aun así pretende cobrar como si se tratara de una ruta suburbana formal.
“No hay suficientes camiones, no pasan cuando deben y el servicio es deficiente. Aun así quieren que paguemos 20 pesos”, reclamó Osuna.
Además, denunciaron presuntas amenazas por parte de los transportistas, quienes advirtieron que, si los usuarios no aceptaban el nuevo cobro, la ruta sería retirada.
Según los inconformes, los representantes gubernamentales presentes no intervinieron ante estas advertencias, lo que generó mayor molestia y decepción.
Los usuarios lamentaron que un gobierno que se dice cercano al pueblo permita este tipo de abusos en Guaymas, afectando directamente la economía de familias que dependen diariamente del transporte público. Recordaron que este es el segundo ajuste a la tarifa en un periodo de apenas tres meses, sin que se haya reflejado mejora alguna en el servicio.
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También señalaron que la ruta Miramar mantiene una tarifa de 12 pesos, a pesar de que tampoco cumple de manera regular con horarios ni recorridos, lo que evidencia una falta de criterio y supervisión por parte de las autoridades.
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Hasta el momento, el Instituto de Movilidad y Transporte no ha emitido un pronunciamiento oficial. Los usuarios advirtieron que, de no haber una solución, podrían realizar bloqueos de calles y manifestaciones en rechazo al incremento, y exigieron la intervención de autoridades estatales para revisar la legalidad de la concesión y frenar el aumento considerado injusto.
