Impulsa Congreso de Sonora reformas en materia de tránsito, educación, derechos infantiles y transparencia legislativa
Guarda un minuto de silencio en honor a Casimiro Navarro Valenzuela, exalcalde de Hermosillo, por su fallecimiento.
Hermosillo, Sonora.- En sesión ordinaria, diputadas y diputados de la 64 Legislatura presentaron ante el Pleno iniciativas para fortalecer el marco normativo en materia de tránsito, educación, derechos de la infancia, transparencia legislativa e inclusión social. Asimismo, emitieron posicionamientos en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y el Día de las Niñas y los Niños.
El diputado Raúl González De la Vega, en conjunto con el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño (Morena), presentó ante el Pleno una iniciativa para hacer obligatorio el seguro vehicular básico, con el objetivo de proteger a las personas involucradas en accidentes de tránsito, agilizar la resolución de conflictos y trasladar los costos al sector asegurador, aliviando así la carga financiera del Estado.
La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) propuso una reforma para elevar a rango constitucional el programa Becaterapias, con el propósito de garantizar su permanencia como un derecho fundamental. La iniciativa busca aliviar la carga económica de las familias con integrantes que tienen discapacidad y promover su plena inclusión en la sociedad.
En materia educativa, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, en representación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Sonora, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación e incluir la escritura asertiva en el programa de educación básica. El objetivo es fortalecer el bienestar emocional de las y los estudiantes, desarrollar sus habilidades expresivas y prevenir problemas psicosomáticos.
Por su parte, el diputado Jesús Manuel Scott Sánchez, en representación de Movimiento Ciudadano (MC), propuso una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de asegurar la asignación obligatoria de recursos en los presupuestos estatales y municipales destinados a programas de protección infantil.
