Impunidad, a 29 años de masacre en Aguas Blancas: campesinos
La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) denuncia que, a pesar de las evidencias y las resoluciones judiciales que señalan la responsabilidad de altos funcionarios como Rubén Figueroa Alcocer, ex gobernador de Guerrero, y otros implicados, no se ha logrado que los culpables sean castigados. Incluso, algunos de ellos continúan activos en la política y la élite económica de la región, lo que agrava el sentimiento de impunidad.
Norma Mesino Mesino, líder de la OCSS, ha hecho un llamado enérgico a las autoridades mexicanas, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se haga justicia y se cumplan las resoluciones emitidas tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas resoluciones han reconocido la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la masacre y han señalado a los responsables.
El reclamo principal es por la aplicación efectiva de la ley y el fin de la impunidad que rodea este caso emblemático. La petición de justicia no solo busca el castigo a los culpables materiales e intelectuales, sino también la liberación de sobrevivientes como Antonio Barragán Carrasco, quien ha estado encarcelado desde 2001 en circunstancias cuestionables.
El caso de Aguas Blancas no solo es un recordatorio doloroso de un pasado violento, sino también un llamado a la acción presente para asegurar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y que las víctimas reciban la justicia que tanto merecen.