
El organismo electoral busca evitar que las mujeres sean postuladas únicamente en estados donde sus partidos tengan menores posibilidades de triunfo
El Instituto Nacional Electoral verificará la manera en que los partidos políticos distribuyan sus candidaturas para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027, con el objetivo de garantizar que las mujeres tengan oportunidades reales de competir y no sean postuladas principalmente en entidades donde sus fuerzas políticas tengan menores posibilidades de ganar.
De acuerdo con las reglas aprobadas por el organismo electoral, cada partido político nacional deberá postular al menos a nueve mujeres para las 17 gubernaturas que se renovarán el próximo año.
Antes de emitir sus convocatorias, los partidos tendrán que definir en qué entidades postularán mujeres, en cuáles hombres y, en su caso, dónde no presentarán candidatura. El INE revisará que los criterios utilizados para realizar esta distribución sean objetivos, verificables y suficientes para garantizar la paridad.
Durante el registro de candidaturas, la autoridad electoral analizará las postulaciones de cada partido de manera conjunta para comprobar que se hayan respetado los criterios establecidos y que se cumpla con el mínimo de nueve candidaturas para mujeres.
Las reglas también contemplan a las coaliciones y candidaturas comunes. En estos casos, las postulaciones serán contabilizadas para todos los partidos políticos nacionales que participen formalmente en ellas.
Si algún partido no alcanza el número mínimo de candidaturas de mujeres o incumple con los criterios de competitividad, el INE podrá solicitar las correcciones correspondientes a través de los Organismos Públicos Locales Electorales.
El objetivo es que la paridad no se limite únicamente al número de mujeres postuladas, sino que también exista una distribución que les permita competir en entidades donde sus partidos tengan posibilidades reales de obtener el triunfo.
Además, el acuerdo recomienda a los partidos analizar las alertas de violencia de género y los registros de violencia política contra las mujeres, con la finalidad de identificar posibles riesgos y establecer medidas de prevención, acompañamiento y protección para sus candidatas.
Las disposiciones serán aplicadas durante los procesos electorales locales de 2026-2027, en los que se renovarán 17 gobiernos estatales.
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