
La Secretaría Anticorrupción sancionó a Martín Borrego Llorente por utilizar su cargo para organizar su boda en un recinto cultural bajo el argumento de realizar un acto diplomático; también fueron sancionados otros 81 servidores públicos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año a Martín Borrego Llorente, exjefe de Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para desempeñar cargos en el servicio público, luego de comprobar que utilizó su puesto y correo institucional para solicitar el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL) con el supuesto propósito de realizar un acto diplomático con Rumania.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2024, cuando el recinto fue utilizado para celebrar su boda particular, pese a que la solicitud presentada señalaba que se trataba de una actividad oficial.
La sanción forma parte de un paquete de resoluciones administrativas contra 82 personas servidoras públicas, además de un particular y una empresa, por distintas irregularidades detectadas en dependencias federales.
De acuerdo con la dependencia, las medidas incluyen destituciones, suspensiones e inhabilitaciones de hasta 10 años, así como sanciones económicas e indemnizaciones que en conjunto ascienden a 175 millones 91 mil pesos.
Entre los casos destacados se encuentran sanciones contra funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluida una multa de 119 millones de pesos por omisiones relacionadas con demandas laborales en Morelos.
En Petróleos Mexicanos (Pemex) también se aplicaron medidas por cobros indebidos de prestaciones y ausentismo. Mientras tanto, en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo se determinó una indemnización solidaria de 33 millones de pesos.
Asimismo, nueve empleados del SUPERISSSTE recibieron multas que suman 18 millones de pesos por pagos no autorizados.
Las investigaciones también derivaron en sanciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por alteración de registros de cotización, así como en el Banco del Bienestar y Financiera para el Bienestar, por faltantes de caja.
Otro de los casos relevantes fue la destitución de 17 elementos de la Guardia Nacional, señalados por presentar certificados de estudios presuntamente inválidos para tramitar licencias de portación de armas.
La autoridad indicó que las resoluciones se emitieron conforme a criterios de legalidad y proporcionalidad, aunque las personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las determinaciones ante las instancias correspondientes.
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