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La mujer indígena que enfrenta denuncia penal acudió ayer al juzgado al iniciar la audiencia de control derivada del conflicto legal surgido en el mercado municipal de Guaymas.
María se reservó el derecho a declarar y su defensa solicitó ampliación del plazo constitucional de 144 horas para preparar la comparecencia formal dentro de la causa penal 289/2026 relacionada con presuntas amenazas denunciadas por Rodolfo y Graciela, comerciantes del mercado municipal.
La petición fue atendida por el juez de control, quien determinó reanudar la audiencia el próximo 13 de mayo en la misma sala del Juzgado de Oralidad Penal del Distrito Judicial Seis, ubicado al norte de la ciudad.
Poco antes del mediodía, María llegó puntual acompañada de familiares, abogados y ciudadanos guaymenses que acudieron para mostrar respaldo y solidaridad ante el proceso judicial que se desarrolla por hechos ocurridos en el mercado municipal.
Sin embargo, debido al retraso generado por otras audiencias programadas en el recinto judicial, el inicio de la diligencia se demoró alrededor de cuatro horas, tiempo durante el cual la mujer indígena permaneció afuera de sala junto a sus acompañantes.
Durante el arranque de la audiencia, la defensa invocó garantías constitucionales para solicitar la ampliación del término legal con el propósito de preparar la declaración y revisar los elementos integrados en la carpeta de investigación, petición que finalmente fue concedida por el juez, dando por concluida la diligencia de ayer.
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El caso se originó tras años de confrontaciones y diferencias entre locatarios del mercado municipal y mujeres de la etnia yaqui que trabajan desde hace décadas en el callejón Porfirio Hernández, donde comercializan verduras, artesanías y diversos productos.
La denuncia presentada por Rodolfo y Graciela derivó en citatorios judiciales para María Elizabeth y Pedro, quienes fueron requeridos por autoridades para comparecer ante el juzgado oral.
La situación ha generado reacciones entre ciudadanos de Guaymas que consideran que el conflicto refleja problemas de convivencia, discriminación y falta de acuerdos dentro del histórico inmueble comercial.
Durante las últimas semanas, distintos sectores sociales expresaron apoyo hacia las mujeres indígenas al considerar que forman parte de la identidad tradicional del mercado y representan una actividad de trabajo constante que ha permanecido durante generaciones.
Incluso, el diputado local Sebastián Orduño confirmó recientemente que en una próxima etapa de remodelación del mercado municipal se contempla la construcción de un tejaban y mejoras en el área donde laboran las vendedoras yaquis, con el propósito de brindar mejores condiciones para el desarrollo de su actividad comercial.
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