
El secretario de Seguridad estatal informó que los agentes fueron identificados por presuntas irregularidades durante el operativo del 11 de octubre en Guadalajara
La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco revisa la actuación de 17 policías señalados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y hacer un uso indebido de la fuerza durante la manifestación por la calidad del agua realizada el pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara.
Juan Pablo Hernández González, titular de la dependencia, informó que los elementos fueron identificados a partir de la revisión de los hechos ocurridos durante la movilización ciudadana, que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
Durante el operativo, los agentes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los asistentes. La actuación policial provocó cuestionamientos y denuncias de presuntas agresiones contra personas que participaban en la protesta para exigir agua limpia en sus hogares.
El gobernador Pablo Lemus reconoció que durante la intervención se cometieron graves errores y deficiencias, además de admitir que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. El mandatario aseguró que los hechos deben investigarse y que los policías que actuaron con violencia deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.
La movilización se realizó para denunciar los problemas de calidad del agua que afecta a habitantes de distintas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Los inconformes exigieron respuestas de las autoridades ante los reportes de agua con mal olor y posibles contaminantes en el suministro doméstico.
De acuerdo con los reportes sobre la jornada, las autoridades registraron 39 detenciones. Aunque la mayoría de las personas arrestadas recuperó su libertad durante los días posteriores, el caso generó preocupación entre familiares, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos por las condiciones en las que ocurrieron los arrestos.
La actuación de los policías también fue cuestionada por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, quien pidió investigar de manera pronta e independiente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y posibles detenciones arbitrarias.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, al considerar que no deben permitirse actos de tortura ni abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
La revisión interna de los 17 agentes busca esclarecer su participación durante el operativo y determinar si incurrieron en conductas contrarias a los protocolos policiales. Las autoridades deberán establecer las posibles responsabilidades y, en su caso, las sanciones aplicables.
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