Jueces de EE.UU. desestiman acusaciones contra migrantes por traspaso a zonas militares
La política migratoria del presidente Donald Trump enfrentó un nuevo obstáculo esta semana, luego de que jueces federales en Texas y Nuevo México desestimaran cargos penales contra más de un centenar de migrantes detenidos en zonas recientemente designadas como áreas de uso militar en la frontera sur de Estados Unidos.
En El Paso, Texas, el juez federal Miguel Torres se negó a procesar a 16 personas acusadas de haber ingresado ilegalmente a un tramo bajo control del Departamento de Defensa, argumentando que el Gobierno no pudo demostrar que el área estuviera claramente señalizada. “La visibilidad es importante. La ubicación de las señales es importante. Su aspecto es importante”, subrayó el magistrado.
Torres desechó los cargos contra 12 migrantes el jueves y otros cuatro el viernes. Las autoridades los habían acusado de traspasar una franja militar como parte de una nueva estrategia de la Casa Blanca que busca frenar la migración mediante la militarización de zonas fronterizas.
Una decisión similar fue emitida el miércoles en Nuevo México, donde el juez Gregory B. Wormuth desestimó los cargos contra 98 personas arrestadas en la Reserva Roosevelt, una franja de 274 kilómetros recientemente puesta bajo control del Pentágono. Wormuth determinó que no existía evidencia de que los migrantes supieran que estaban ingresando a un área militar.
Ambos fallos representan un golpe a la iniciativa del presidente Trump y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes en semanas recientes ampliaron las zonas bajo jurisdicción militar a lo largo de la frontera con México. Además de la Reserva Roosevelt, el Pentágono asumió el control de una segunda franja de 101 kilómetros en los condados texanos de El Paso y Hudspeth, a lo largo del Río Grande.
Estas designaciones permiten a las autoridades acusar a los migrantes no solo de entrada ilegal, sino también de traspaso en zona militar, un delito federal que implica sanciones más severas. No obstante, como dejaron claro los jueces, estos cargos requieren que las áreas estén señalizadas de forma adecuada, algo que el gobierno no ha logrado demostrar.
En abril, Hegseth visitó la frontera para reafirmar la autoridad del Departamento de Defensa sobre estas zonas. Aseguró que se habían colocado letreros visibles en inglés y español, pero la validez y ubicación de esos avisos fue cuestionada por los tribunales.
A pesar de las decisiones judiciales, las personas detenidas permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la espera de sus procesos administrativos por ingreso indocumentado.
Los fallos de esta semana podrían sentar un precedente importante en la legalidad del uso de zonas militares como herramienta de control migratorio, y podrían impactar en cientos de casos aún pendientes.
