
La resolución judicial pone fin al proceso contra el exdirector del INM por ejercicio indebido del servicio público, relacionado con el incendio en Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados
Un juez federal decretó el sobreseimiento de la causa penal contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La resolución fue emitida por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, quien consideró que Garduño cumplió las condiciones establecidas en enero de 2025 para la suspensión condicional del proceso. Con esta determinación, el procedimiento penal quedó cerrado respecto de esa acusación.
El incendio en la estación migratoria dejó un saldo de 40 personas migrantes fallecidas y 27 lesionadas, en uno de los episodios más graves registrados en instalaciones migratorias de México. La tragedia provocó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad, la atención a las personas detenidas y la actuación de las autoridades responsables del centro.
Entre las condiciones impuestas para suspender el proceso se encontraban medidas relacionadas con la reparación del daño, la atención a sobrevivientes y familiares, una disculpa pública, la realización de cursos de derechos humanos y protección civil, así como la supervisión de los planes de seguridad en estaciones migratorias.
La Fiscalía General de la República consideró que las obligaciones establecidas habían sido cumplidas y no se opuso al cierre de la causa penal. La decisión, sin embargo, generó inconformidad entre sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes cuestionaron el alcance de las medidas y señalaron que algunas obligaciones no se habían cumplido de manera satisfactoria.
Marcos Zavala, abogado de organizaciones que representan a víctimas, anunció que impugnarán la resolución judicial. También cuestionó que el exfuncionario enfrentara una acusación por un delito que permitió una salida alterna y evitó que el procedimiento concluyera con una sentencia condenatoria.
Los representantes de las víctimas han insistido en que todavía existen asuntos pendientes relacionados con la atención a los sobrevivientes y el acceso a la justicia. Asimismo, se mantienen cuestionamientos sobre las circunstancias que permitieron que decenas de personas quedaran atrapadas durante el incendio.
El cierre de la causa penal contra Garduño corresponde al procedimiento específico por ejercicio indebido del servicio público y no elimina las consecuencias de la tragedia ni las demandas de las familias para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
La impugnación anunciada por los representantes de las víctimas podría llevar la resolución ante una instancia judicial superior, donde se revisarán los argumentos contra la decisión de dar por concluido el proceso.
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