Las sanciones podían alcanzar hasta 998 dólares diarios y acumular deudas de hasta 1.8 millones de dólares
Un juez federal de Massachusetts bloqueó el procedimiento utilizado por la Administración de Donald Trump para imponer multas a migrantes que permanecen en Estados Unidos pese a contar con órdenes de salida del país.
El juez de distrito George O’Toole Jr., con sede en Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula estas sanciones, así como las multas emitidas bajo ese procedimiento después del 27 de julio de 2025, mientras continúa el litigio.
Las sanciones contemplaban multas de hasta 998 dólares diarios para determinados migrantes que no abandonaran Estados Unidos después de recibir una orden de deportación o de salida voluntaria. Debido a que podían aplicarse de manera retroactiva hasta por cinco años, algunos afectados acumularon deudas de hasta 1.8 millones de dólares.
O’Toole determinó que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que el procedimiento utilizado por el Gobierno para imponer las multas es ilegal. Entre sus argumentos, cuestionó que las autoridades no evaluaran adecuadamente las circunstancias particulares de cada persona antes de imponer las sanciones.
El magistrado también concluyó que el cobro de las multas podría llevar a los demandantes a la insolvencia, debido a la situación económica en la que se encontraban incluso antes de recibir las sanciones.
La demanda colectiva fue presentada en noviembre de 2025 por dos mujeres migrantes, identificadas como Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, quienes enfrentaron sanciones de cientos de miles de dólares y, en uno de los casos, de hasta 1.8 millones de dólares.
De acuerdo con la organización Legal Aid Society, que representa a las demandantes junto con otros grupos de servicios legales, las mujeres permanecieron en Estados Unidos mientras buscaban alternativas legales para regularizar su situación migratoria. Una de ellas posteriormente obtuvo una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente.
La controversia también cuestiona los cambios implementados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia en 2025 para agilizar la imposición y el cobro de estas sanciones. Entre las modificaciones se eliminó la obligación de emitir previamente una notificación de intención de imponer la multa y se redujo el plazo disponible para impugnarla.
Según datos del DHS citados en el proceso, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 se habían impuesto más de 103 mil multas, por un monto acumulado cercano a 84 mil millones de dólares.
El fallo no resuelve de manera definitiva el litigio, pero impide que el Gobierno haga cumplir las multas sujetas a la suspensión mientras continúa el proceso judicial.
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