Juez frena la exigencia de datos biométricos para la nueva CURP
Un juez federal ha otorgado las primeras suspensiones provisionales que impiden la obligatoriedad de entregar datos biométricos, como huellas dactilares y fotografías, para la obtención de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP). La medida beneficia a dos ciudadanos, Víctor Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras, quienes promovieron amparos argumentando que la reforma a la Ley General de Población, publicada el 16 de julio, es inconstitucional.
El juez Oswaldo Rivera González, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, explicó que la suspensión provisional busca proteger a los ciudadanos, ya que la entrega de datos biométricos es un acto irreversible. Esta resolución, sin embargo, podría ser revocada si en etapas posteriores del juicio la ley se considera constitucional.
La reforma busca que la CURP con datos biométricos se convierta en un documento de identificación universal y válido en todo el país, tanto en formato físico como digital. Aunque la ley establece que el registro de estos datos será voluntario, y quienes no los proporcionen podrán seguir utilizando la CURP tradicional, colectivos y expertos en derechos digitales han expresado preocupación.
Preocupación por privacidad y vigilancia
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado en varias ocasiones que el registro biométrico será voluntario y que su objetivo es ayudar, por ejemplo, en la búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, en junio, especialistas y activistas alertaron que la nueva CURP podría alimentar una infraestructura de vigilancia masiva ligada a la Plataforma Única de Identidad. Esto, advierten, podría conllevar riesgos de discriminación y violaciones a la privacidad si no se aplican los controles constitucionales adecuados.
Por su parte, autoridades como Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, han defendido el proyecto. Merino aseguró que el sistema respetará la ley y operará bajo control judicial, garantizando que la autorización de los datos será siempre previa y voluntaria para proteger la información personal.
El juez programó una audiencia para el 1 de septiembre, donde decidirá si concede suspensiones definitivas a los demandantes, las cuales se mantendrían vigentes durante todo el juicio. La decisión final sobre la constitucionalidad de la reforma recaerá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos meses.
