Juez oral determinó la improcedencia de la denuncia penal presentada contra una mujer yaqui dedicada a la venta en el exterior del mercado municipal de Guaymas, al concluir que no existían elementos suficientes para vincularla a proceso por el delito de amenazas.
Durante la audiencia de control celebrada ayer, el juzgador resolvió no vincular a proceso a María, integrante de la etnia yaqui y comerciante con años de presencia en el área exterior del mercado municipal, luego de analizar los argumentos presentados tanto por la defensa como por la representación legal del denunciante.
La vendedora acudió nuevamente a la sala oral como parte de la continuación de la diligencia derivada de la denuncia interpuesta por Rodolfo, locatario del mercado municipal, en un conflicto que desde semanas atrás generó inconformidad entre comerciantes y ciudadanos que respaldaron públicamente a la mujer indígena.
La audiencia se reanudó después de que la defensa solicitara la ampliación del plazo constitucional de 144 horas, petición concedida por el juzgado para preparar mayores elementos a favor de la comerciante.
El proceso había iniciado la semana pasada en medio de manifestaciones de apoyo realizadas afuera de las instalaciones judiciales por personas que consideraban injusta la denuncia contra la mujer yaqui.
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Durante la exposición del caso, la Fiscalía presentó los datos contenidos en la querella promovida por el denunciante, mientras que la defensa argumentó que no existían elementos suficientes para configurar el delito de amenaza ni condiciones para llevar el asunto a una etapa judicial más avanzada.
Tras escuchar a ambas partes y revisar los antecedentes del expediente, el juez concluyó que el asunto no reunía las características necesarias para continuar con un proceso penal, por lo que resolvió no judicializar el caso y dejar sin efecto la posibilidad de vinculación.
El caso había provocado atención pública debido al contexto en el que se desarrolló, ya que las mujeres yaquis mantienen desde hace décadas actividades comerciales en el exterior del mercado municipal, particularmente en el callejón Porfirio Díaz, donde venden artesanías, alimentos y distintos productos tradicionales.
La situación también abrió nuevamente el debate sobre la convivencia entre locatarios establecidos y comerciantes indígenas, así como la necesidad de encontrar mecanismos de diálogo que permitan evitar conflictos mayores en una zona considerada emblemática para la actividad económica y cultural de Guaymas.
Semanas atrás, el diputado local Sebastián Orduño Fragoza había anunciado la construcción de un tejaban para las vendedoras yaquis como parte de nuevas etapas de rehabilitación del mercado municipal, proyecto que busca mejorar las condiciones en las que trabajan las integrantes de la etnia.
Al finalizar la audiencia, familiares y personas que acompañaron a María celebraron la resolución del juez, mientras la comerciante abandonó las instalaciones judiciales sin restricciones legales derivadas de la denuncia presentada en su contra.
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