La resolución suspende durante 14 días la difusión de la campaña publicitaria financiada con recursos del Departamento de Seguridad Nacional, por posibles violaciones a las leyes federales
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al gobierno del presidente Donald Trump cancelar los anuncios televisivos que se pagaron con fondos públicos para promover mensajes políticos del mandatario, al considerar que existen argumentos legales para frenar su difusión mientras continúa el proceso judicial.
La jueza de distrito Jennifer L. Rochon, con sede en Nueva York, emitió el domingo 11 de octubre una orden de restricción temporal que obliga a la administración a retirar los anuncios restantes, incluidos aquellos que estaban programados para transmitirse esa misma noche. La medida tendrá una vigencia inicial de dos semanas.
La resolución respondió a una demanda presentada por una coalición de organizaciones y particulares, entre ellos Common Cause, agrupación dedicada a la vigilancia de las instituciones públicas. Los demandantes argumentaron que el uso de recursos gubernamentales para financiar los anuncios constituía un empleo indebido del dinero de los contribuyentes con fines políticos.
De acuerdo con los documentos del caso, el Departamento de Seguridad Nacional destinó 20 millones de dólares a la campaña publicitaria. Los anuncios comenzaron a difundirse a finales de septiembre, semanas antes de las elecciones legislativas de medio mandato previstas para el 3 de noviembre.
Los materiales audiovisuales incluían imágenes y declaraciones de Trump, además de mensajes relacionados con su agenda política y de seguridad. Uno de ellos retomaba elementos de un anuncio utilizado durante su campaña presidencial de 2024, mientras que otro abordaba el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Los demandantes sostuvieron que la publicidad no correspondía a los anuncios de servicio público habituales, debido a que no estaba enfocada principalmente en informar a la población sobre programas gubernamentales específicos. También señalaron que la legislación federal restringe el uso de recursos aprobados por el Congreso para fines de publicidad o propaganda.
La Casa Blanca defendió los anuncios al argumentar que se trataba de mensajes de servicio público similares a los utilizados por administraciones anteriores. Por su parte, una funcionaria de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional indicó que los recursos procedían de partidas presupuestarias que podían utilizarse para conmemorar esfuerzos y acontecimientos relacionados con la seguridad fronteriza.
Antes de que se emitiera la resolución, el Departamento de Justicia había argumentado que la orden judicial era innecesaria, pues la campaña estaba próxima a concluir. Sin embargo, la jueza determinó que era necesario impedir que continuara la difusión de los anuncios durante el periodo establecido.
La controversia también generó críticas dentro del Partido Republicano. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, cuestionó que los anuncios fueran financiados con dinero de los contribuyentes.
Ante las críticas, Trump había anunciado que su organización política asumiría el costo de la publicidad posterior. No obstante, un funcionario de la Casa Blanca señaló que no existían planes inmediatos para devolver al gobierno los recursos que ya se habían gastado.
La orden judicial es temporal y no representa una resolución definitiva sobre la legalidad de la campaña. El caso continuará su curso mientras se examinan los argumentos de las partes y el uso de los fondos públicos destinados a la publicidad.
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