La diseñadora australiana Katie Perry ganó la larga disputa legal por el uso de su nombre comercial frente a la cantante Katy Perry.
Tras casi 17 años de litigio, el Tribunal Superior de Australia emitió un fallo definitivo a favor de la diseñadora local. La sentencia determina que el registro de la marca, realizado en 2007, no viola las leyes de propiedad intelectual ni genera confusión con la estrella del pop. A pesar de que la artista ya gozaba de fama internacional cuando el conflicto escaló, la justicia reconoció que la emprendedora utilizó su nombre de nacimiento para su firma de ropa de manera legítima. Katy Perry deberá ahora asumir los gastos del proceso legal tras la resolución del tribunal.
El conflicto se originó en 2009, cuando el equipo de la cantante intentó impedir que la marca homónima operara en el mercado australiano. No obstante, la diseñadora logró demostrar que su etiqueta fue registrada oficialmente antes que la línea de moda vinculada a la intérprete estadounidense. Durante la gira Prismatic World Tour, la venta de mercancía oficial de Katy Perry fue señalada como una infracción a los derechos de la marca local, lo que finalmente inclinó la balanza judicial a favor de la pequeña empresa de Sídney.
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La diseñadora expresó su gratitud en redes sociales, calificando el resultado como una victoria para los pequeños negocios frente a las grandes corporaciones internacionales. Por su parte, el equipo legal de la cantante, cuyo nombre real es Katheryn Hudson, no ha emitido declaraciones adicionales tras conocerse el veredicto final. Este caso sienta un precedente importante en Australia sobre el derecho de las personas a utilizar su propio nombre como identidad comercial, incluso frente a figuras de renombre global.
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Con esta decisión, la etiqueta australiana podrá seguir operando sin restricciones, enfocándose en la fabricación nacional y el diseño de modas. Mientras tanto, la intérprete de “I Kissed a Girl” cierra uno de los capítulos legales más largos de su trayectoria fuera de los escenarios. La resolución pone fin a una década de incertidumbre para ambas partes, reafirmando que la prioridad del registro cronológico es un factor determinante en las leyes de marcas registradas del país.
