Más de 350 activistas y académicos exigieron la liberación inmediata de Kenia Hernández, defensora que se encuentra recluida de forma injusta en un penal.
Organizaciones sociales de diversos países del mundo se sumaron al reclamo público para demandar una revisión profunda de todas las anomalías y las graves irregularidades jurídicas que fueron cometidas.
Los manifestantes señalaron que la abogada Kenia Hernández fue sentenciada injustamente a una condena de 21 años de prisión en la entidad bajo acusaciones infundadas de cometer supuestos robos materiales.
Durante las etapas del proceso penal quedó demostrado mediante múltiples pruebas científicas que Kenia Hernández nunca estuvo presente en los lugares geográficos específicos donde ocurrieron los supuestos delitos señalados.
Los colectivos peticionarios solicitaron de manera formal el establecimiento de una mesa de diálogo urgente con los magistrados del Poder Judicial local para frenar los abusos a las garantías individuales.
Instituciones internacionales de gran prestigio global sostienen que el Estado mexicano tiene la obligación jurídica de frenar la persecución constante y garantizar la protección de Kenia Hernández hoy en día.
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