Kevin Spacey alcanzó un acuerdo extrajudicial con tres hombres que lo acusaban de agresión sexual, deteniendo el proceso legal programado para este año.
El protagonista de House of Cards logró frenar el avance de las demandas civiles que lo habrían llevado ante el Tribunal Superior en octubre. Según informes internacionales, el pacto legal pone fin a las querellas presentadas por incidentes que presuntamente ocurrieron entre los años 2000 y 2013. Aunque el actor ha negado firmemente cada uno de los señalamientos, este consentimiento mutuo entre las partes evita la exposición de nuevos testimonios que buscaban ratificar un comportamiento abusivo sistemático por parte del ganador del Oscar.
Los detalles financieros y las cláusulas de confidencialidad del arreglo no han sido revelados al público, manteniendo en privado los términos finales. Este episodio se suma al complejo historial jurídico del intérprete, quien el año pasado fue absuelto de otros cargos penales en el Reino Unido. Con este movimiento, Kevin Spacey cierra un frente legal importante, aunque su imagen pública continúa siendo objeto de un intenso debate global debido a las múltiples voces que han alzado denuncias en su contra desde el inicio del movimiento MeToo.
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BBC News fue el medio que confirmó la suspensión del proceso tras el acercamiento entre los abogados del actor y los representantes de los demandantes. El teatro Old Vic de Londres es el lugar donde se sitúan gran parte de los testimonios, periodo en el que el artista fungía como director artístico. Spacey Unmasked es el documental de 2024 que recopiló diversas experiencias de presunto acoso, incluyendo la participación de uno de los hombres involucrados en este acuerdo.
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Fabiana Cosio reportó que dos de los denunciantes prefirieron mantener el anonimato bajo los pseudónimos LNP y GHI para proteger su identidad durante el proceso. Ruari Cannon es el único de los tres implicados que decidió hacer pública su acusación, señalando un incidente ocurrido tras el estreno de una obra en 2013. Las pérdidas económicas y daños psiquiátricos fueron parte de los reclamos presentados ante la corte, argumentando afectaciones profundas en las vidas profesionales de las víctimas.
