Las ONG alertan sobre la salud mental de migrantes y su riesgo ante el crimen organizado
Organizaciones no gubernamentales han encendido las alarmas sobre la creciente vulnerabilidad de los migrantes deportados en la frontera norte de México, particularmente en Tijuana, donde la falta de atención a su salud mental los expone a riesgos como la adicción a sustancias y el reclutamiento por parte del crimen organizado.
Renata Demichelis Ávila, directora en México de Elementa DDHH, subrayó en conferencia de prensa la necesidad urgente de implementar políticas públicas enfocadas en la salud mental de estas personas. Según Demichelis, la crisis de opioides en la región y la frustración tras las deportaciones masivas generan un entorno que incrementa la probabilidad de caer en situaciones de calle o consumo problemático.
Un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría y la ex Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) revela que la mayoría de los usuarios de sustancias en Tijuana son hombres migrantes deportados o que intentaron cruzar la frontera.
“Es un problema identificado y documentado por las autoridades de Baja California. Sin embargo, no se ha dado una respuesta efectiva para mitigar el impacto de las deportaciones en el bienestar emocional y social de estas personas”, afirmó Demichelis.
La directora también advirtió que este vacío en la atención integral no solo afecta la salud mental de los migrantes, sino que los convierte en objetivos fáciles para el crimen organizado. “La vulnerabilidad de las personas en situación de calle las expone a ser utilizadas o reclutadas en actividades ilegales”, enfatizó.
Deportaciones masivas aumentan la presión en las fronteras
En la primera semana del actual mandato de Donald Trump, México recibió a 4,094 personas deportadas, según declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta cifra genera preocupación, ya que casi la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos.
Organizaciones como PrevenCasa, en Tijuana, y Verter, en Mexicali, han trabajado para atender a las comunidades más afectadas por el consumo de opioides. No obstante, Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, señaló que estas iniciativas son insuficientes para cubrir la magnitud del problema.
“El gobierno debe asumir su responsabilidad y preparar una estrategia pública que contemple las necesidades de las personas repatriadas de manera forzosa”, declaró Muro Polo. También insistió en que brindar ayuda económica limitada no basta. “Necesitamos políticas públicas sólidas que prioricen la salud mental y la reintegración social de los migrantes”.
La situación en Tijuana se presenta como una advertencia del impacto a largo plazo que podrían tener las deportaciones masivas. La necesidad de atender de manera integral este fenómeno es una cuestión de derechos humanos, salud pública y seguridad.
