En medio de una creciente controversia por la muerte de dos civiles durante operativos de inmigración, el comandante de la Patrulla Fronteriza ICE de Estados Unidos, Gregory Bovino, comenzó a salir de Minnesota, donde encabezaba un despliegue federal, luego de intensas críticas políticas y movilizaciones ciudadanas.
La controvertida decisión llega tras una serie de enfrentamientos entre agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y residentes locales, incluidos al menos dos fallecimientos que autoridades y activistas vinculan directamente con la actuación de fuerzas federales desplegadas bajo la orden de la administración del presidente Donald Trump.
Según informes de medios internacionales, Bovino, una de las figuras más visibles de la política migratoria represiva del gobierno estadounidense, dejará Minnesota para regresar a su puesto en El Centro, California, tras la decisión de la Casa Blanca de enviar al “zar de las fronteras”, Tom Homan, como nuevo responsable del operativo.
La escalada de tensión comenzó semanas atrás con la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, por disparos de agentes federales durante una intervención en Minneapolis. Días antes, había ocurrido otro deceso similar, el de Renée Good, también por disparos en un operativo migratorio. Ambas muertes provocaron un fuerte rechazo social y político, con manifestaciones y llamados a investigaciones independientes por parte de autoridades locales y legisladores de ambos partidos.
Grupos a favor de los derechos civiles denunciaron que los agentes del ICE emplearon fuerza excesiva, mientras que funcionarios federales inicialmente defendieron las acciones, calificando a las víctimas como amenazas. Sin embargo, videos difundidos por testigos contradijeron las versiones oficiales, según reportes de medios internacionales, alimentando aún más el descontento ciudadano.
En respuesta a la escalada, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, mantuvieron conversaciones con la Casa Blanca que incluyeron la petición de reducción de fuerzas federales en el estado, así como la apertura de investigaciones estatales sobre los hechos.
El traslado de Bovino se interpreta como un movimiento para desescalar tensiones políticas y públicas. Aunque la Casa Blanca ha negado oficialmente que se trate de una destitución directa, voceros de seguridad nacional señalaron que la reorganización responde a la necesidad de “ajustar la estrategia de aplicación de la ley” en Minnesota tras las críticas bipartidistas.
En paralelo, el presidente Trump ha defendido el papel de los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, manteniendo la exigencia de que Minnesota entregue a las autoridades locales a personas consideradas “criminales inmigrantes”. Esta postura ha sido fuertemente cuestionada por líderes comunitarios y legisladores demócratas, quienes exigen rendición de cuentas por el uso de fuerza letal.
El nuevo encargado federal, Tom Homan, tiene el mandato de supervisar la operación “Metro Surge”, diseñada para intensificar acciones de inmigración en zonas urbanas lejos de la frontera. Su llegada busca no solo reorganizar la presencia federal en la ciudad, sino también reconstruir puentes políticos con autoridades estatales y municipales.
Además de la presión política, grupos de derechos civiles y algunos legisladores han llamado a investigaciones legales sobre las muertes de civiles a manos de agentes federales. Críticos sostienen que las acciones violaron normas constitucionales y reiteran la necesidad de supervisión externa al ICE y a la Patrulla Fronteriza.
Las protestas en Minneapolis y otras ciudades del país han sido en su mayoría pacíficas, aunque algunos enfrentamientos aislados han generado arrestos y tensiones con fuerzas del orden. Mientras tanto, el debate político sobre las políticas migratorias y el uso de fuerza por parte del gobierno federal continúa escalando en Washington y en legislaturas estatales.
La salida de Gregory Bovino de Minnesota representa así un punto de inflexión en la controvertida aplicación de la ley migratoria en territorio estadounidense que ha dividido a autoridades locales y federales, activistas y comunidades enteras en medio de un clima de desconfianza y exigencia de transparencia.
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