La organización de la Copa del Mundo 2026, que por primera vez en la historia será compartida por Estados Unidos, México y Canadá, enfrenta uno de sus desafíos políticos más severos a pocos meses del pitazo inicial. Diversas organizaciones de derechos humanos, figuras políticas internacionales y grupos de aficionados han comenzado a elevar llamados formales para boicotear el evento en protesta por las recientes políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. El endurecimiento de las restricciones de viaje para ciudadanos de diecinueve naciones y la intensificación de las operaciones de control fronterizo han generado un clima de incertidumbre que, según los críticos, contradice el espíritu de unidad y apertura que la FIFA busca promover con el torneo de fútbol más importante del planeta.
El foco del conflicto se centra principalmente en el impacto que estas medidas tienen sobre los aficionados de selecciones ya clasificadas, como Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil. Aunque el gobierno estadounidense ha confirmado excepciones para que los jugadores, cuerpos técnicos y sus familiares directos obtengan visados especiales, los seguidores de estos países enfrentan barreras casi insalvables para ingresar al territorio norteamericano. Esta situación ha provocado que federaciones como la de Irán ya hayan manifestado su descontento cancelando su asistencia a eventos oficiales previos, denunciando un trato discriminatorio que afecta la equidad del torneo. Al mismo tiempo, figuras públicas y diplomáticos han comenzado a anunciar la cancelación de sus entradas como una medida de protesta simbólica, argumentando que las condiciones actuales de seguridad y vigilancia no garantizan una experiencia pacífica para los visitantes extranjeros.
La controversia no solo se limita a las políticas migratorias, sino que también ha salpicado la relación bilateral con México, país coanfitrión del certamen. Las declaraciones del presidente Trump sobre posibles intervenciones directas contra el crimen organizado en suelo mexicano han provocado que diversos sectores de la comunidad internacional cuestionen la viabilidad de un evento compartido bajo tales niveles de tensión diplomática. Organizaciones como Human Rights Watch han instado a la FIFA a publicar de manera urgente un marco de garantías en derechos humanos, advirtiendo que el uso de la Guardia Nacional y otras fuerzas federales en las inmediaciones de los estadios podría derivar en redadas migratorias que pongan en riesgo a los asistentes.
Pese al creciente ruido mediático y a las miles de firmas que acumulan los portales dedicados al boicot, la FIFA mantiene una postura de respaldo absoluto hacia la sede estadounidense. El presidente del organismo, Gianni Infantino, ha reiterado en múltiples ocasiones su confianza en que el Mundial 2026 será un éxito sin precedentes, desestimando por ahora cualquier posibilidad de reubicar los partidos. Sin embargo, la presión aumenta conforme se acercan las fechas clave, y el debate sobre si el deporte puede mantenerse al margen de la realidad geopolítica actual parece estar lejos de resolverse, dejando a la Copa del Mundo en una posición vulnerable entre la celebración deportiva y la protesta social.
