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La consejera jurídica de la Presidencia señaló que la difusión del caso vulneró el debido proceso y generó un “linchamiento mediático”.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se violó el principio de confidencialidad, lo que afectó el debido proceso.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la solicitud de extradición emitida por autoridades de Estados Unidos debió manejarse de forma reservada para proteger la presunción de inocencia de los implicados.
Alcalde subrayó que la filtración del caso provocó una exposición mediática anticipada que pudo influir en la percepción pública y en las propias investigaciones, lo que calificó como un “linchamiento mediático” contra los señalados.
Asimismo, señaló que el gobierno estadounidense no presentó pruebas suficientes para sustentar la solicitud de detención y extradición del mandatario sinaloense, quien enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La funcionaria insistió en la importancia de respetar los canales institucionales y la confidencialidad en este tipo de procesos internacionales para evitar afectaciones legales y políticas.
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