Nacional

Madres y sobrevivientes denuncian violencia institucional en casos de feminicidio en México

Sobrevivientes y Madres de Víctimas de Feminicidio Acusan al Gobierno de López Obrador de Perpetuar la Violencia Institucional

Sobrevivientes, madres e hijas de víctimas de feminicidio en México señalaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al sistema de justicia por perpetuar la violencia institucional, en medio de la controversia generada por la reforma al Poder Judicial impulsada por el oficialismo en el Congreso.

Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, quien fue asesinada en 2015, denunció que uno de los feminicidas, Josué Misael Atayde Reyes, recibió una pena mínima por ser menor de edad y fue liberado en 2022. Desde entonces, este individuo ha amenazado a otro de sus hijos, exponiendo la fragilidad del sistema judicial.

Gutiérrez hizo un llamado al gobierno para que reforme el sistema de justicia y elimine los “privilegios” concedidos a los feminicidas menores de edad, subrayando la importancia de “escuchar a las víctimas” en la toma de decisiones.

Impunidad y Desamparo: La Lucha de las Víctimas

Paz Rodríguez García, hija de Melesia García, asesinada en 2021 en Milpa Alta, Ciudad de México, denunció que, hasta la fecha, no hay detenidos por el feminicidio de su madre, quien fue brutalmente torturada y violentada sexualmente. “Exigimos que se reformen las leyes para que los menores de edad que cometan feminicidios sean juzgados como adultos y que los familiares encubridores también sean castigados. No es justo que un menor reciba solo cinco años de prisión mientras nuestras vidas están destrozadas”, declaró Rodríguez García.

Víctimas Colaterales del Feminicidio: Una Realidad Ignorada

Lorena Gutiérrez también acusó al Estado mexicano de ser responsable de la muerte de su hijo Daniel en 2020, quien falleció por negligencia en un hospital psiquiátrico de Monterrey mientras estaba bajo medidas de protección. “A mi hijo lo asesinó el Estado por omisión e indolencia, porque las víctimas no contamos con acceso al sistema de salud en este país. Te desplazan por seguridad, te mandan a otro estado, pero te niegan acceso al sistema de salud para salvaguardar tu integridad”, denunció.

Gutiérrez advirtió que el desplazamiento forzado de víctimas colaterales del feminicidio, como su hijo Daniel, constituye “un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado”. En el aniversario de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), lamentó que Claudia Sheinbaum, presidenta electa que asumirá el poder el 1 de octubre, negara la responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de su hijo. Gutiérrez instó a Sheinbaum a reconocer a las víctimas colaterales del feminicidio y a garantizar la “no repetición” de estas tragedias.

“Una de mis exigencias es dejar de simular y aplicar todos los recursos necesarios hacia las comisiones de víctimas como se debe, pero sobre todo, hacia nuestras infancias”, enfatizó. Gutiérrez también denunció que, desde enero del año pasado, la Comisión de Víctimas del Estado de México le retiró los apoyos con el pretexto de evitar el “proselitismo” electoral.

Sobrevivientes de Feminicidio y Violencia Vicaria: Una Lucha Invisibilizada

Fabiola Posadas, sobreviviente de un intento de feminicidio en 2019, denunció la falta de voluntad por parte de las autoridades para prevenir y erradicar la violencia feminicida. “Las sobrevivientes no sabemos de Comisiones de Víctimas. Nosotras no tenemos apoyos, no somos vistas, no existimos. Sobrevivimos y ya, hay que seguir”, lamentó Posadas.

Posadas también expresó su preocupación por la corrupción dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías, advirtiendo que una reforma podría empeorar la situación para las víctimas si la justicia termina controlada por la delincuencia organizada.

Mientras tanto, Ana María López Pérez, madre de Julianne Zoé Sánchez López, desaparecida hace más de cuatro años durante una visita con su padre, expresó su desesperación y temor por la vida de su hija, víctima de violencia vicaria. “Esto lo he manifestado tanto en el juzgado séptimo de lo familiar, como en la Fiscalía, pero te contestan: es su papá, no hay delito que perseguir”, denunció López Pérez, quien tiene la guarda y custodia de la niña debido a la violencia ejercida por el padre.

“El hecho de decirme que está con su papá no me da tranquilidad. Las autoridades deben cumplir con su deber y buscar a mi hija”, demandó, mostrando un retrato de Julianne Zoé, quien ahora tendría 8 años y cuya madre sigue esperando encontrar con vida.

México se prepara para recibir a su primera presidenta el próximo 1 de octubre, en medio de una crisis de violencia machista que cobra la vida de un promedio de 10 mujeres al día, sumando feminicidios y homicidios dolosos.