Marina del Pilar se une al club de la censura de la 4T
La periodista Dianeth Pérez Arreola, directora del medio digital Brújula News BC, denunció un intento de intimidación judicial por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La acción se produjo después de que cuestionara a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre supuestas irregularidades en un proyecto de infraestructura hídrica, sumando un nuevo caso a la larga lista de agresiones contra la prensa en México.
El pasado 6 de agosto de 2025, durante la conferencia de prensa matutina de la gobernadora, Dianeth Pérez preguntó por detalles del contrato para la ampliación de la Planta Potabilizadora La Nopalera. La periodista expuso la existencia de una posible doble licitación y los presuntos nexos de la empresa ganadora con el crimen organizado. Según su relato, ni la gobernadora ni el Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua pudieron responder a sus preguntas.
Visiblemente contrariada, la gobernadora Ávila Olmeda advirtió a la periodista que la FGR podría solicitarle pruebas para sustentar sus aseveraciones, algo que finalmente ocurrió.
La Cita Judicial y la Negativa a Revelar Fuentes
Poco después de la conferencia, el director de Comunicación Social del gobierno estatal, Jesús Manuel López Romandía, contactó a la periodista para pedirle la evidencia de su investigación. Pérez Arreola se negó a revelar sus fuentes, amparada en la protección constitucional del secreto profesional. Sin embargo, la FGR procedió a citarla a comparecer.
En una entrevista, la periodista explicó que, durante su comparecencia, dejó claro que no revelaría sus fuentes, un derecho que está protegido por el artículo 6 de la Constitución y por la Ley de Imprenta. En respuesta, la Fiscalía supuestamente “comprendió” su postura.
Dianeth Pérez también exigió que la FGR solicite la misma información a la gobernadora, ya que como titular del ejecutivo, “es quien posee toda la información sobre esa doble licitación”.
La Reacción de la Comunidad Periodística
El incidente ha provocado una ola de condenas de organizaciones y colectivos de periodistas.
El colectivo “YoSíSoyPeriodista” calificó la acción como un intento de intimidación judicial y un precedente que no permitirán que se establezca en el estado.
La organización Artículo 19 México y Centroamérica expresó su preocupación por el “acoso administrativo” hacia la periodista, y subrayó que la investigación de casos de corrupción es una obligación del Estado, no de la prensa. Además, exigió a la gobernadora y a su gobierno garantizar un entorno libre de violencia e intimidación para los periodistas.
Como muestra de su rechazo, Dianeth Pérez decidió retirarse del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, afirmando que no puede ser parte de un organismo coordinado por la misma dependencia que está ejerciendo acciones de censura e intimidación contra la prensa.
Este caso se suma a otros incidentes recientes en el país, como las críticas al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y la prohibición judicial al periodista Jorge Luis González Valdez de referirse a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hechos que, según la comunidad periodística, confirman un preocupante patrón de censura en México.
