Este miércoles se definirá la condena para Jasveen Sangha, señalada como la principal proveedora de la sustancia que causó el fallecimiento de Matthew Perry.
La justicia de California dictará sentencia contra la mujer apodada “La reina de la ketamina”, quien podría enfrentar hasta 60 años de prisión tras admitir su responsabilidad en la distribución de la droga que terminó con la vida de Matthew Perry. Sangha, de 42 años, es una de las cinco personas implicadas en la red que explotó la adicción del actor de “Friends”, suministrando decenas de frascos de la sustancia a través de intermediarios. El fallecimiento del intérprete en octubre de 2023 reveló una oscura trama de complicidad que incluía a médicos y asistentes personales.
Matthew Perry luchó públicamente contra sus adicciones durante décadas, un proceso que documentó en sus memorias antes de su trágico final en un jacuzzi de Los Ángeles. La investigación federal demostró que el actor recibía dosis letales de ketamina suministradas por Sangha, quien intentó borrar las evidencias de sus mensajes tras enterarse del deceso. Con esta sentencia, se cierra uno de los capítulos más dolorosos para los fanáticos de la serie, evidenciando el peligro de las redes de tráfico que operan en los círculos de Hollywood.
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Entre los condenados figuran los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez, quienes lucraron con la salud del artista vendiéndole frascos a precios exorbitantes. Según los fiscales, Matthew llegaba a pagar más de 2.000 dólares por unidades que a los traficantes les costaban una mínima fracción. El asistente del actor, Kenneth Iwamasa, fue quien administró las inyecciones finales el día de la tragedia, utilizando el cargamento provisto por Sangha desde su centro de operaciones en North Hollywood.
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El allanamiento en la residencia de Sangha reveló un arsenal de sustancias prohibidas y equipo profesional para el pesaje y conteo de dinero. Además del caso vinculado a la estrella de televisión, la mujer reconoció haber suministrado drogas a otra víctima en 2019, lo que refuerza la severidad de los cargos en su contra en este 2026. La resolución de este caso busca sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de quienes distribuyen sustancias controladas con resultados fatales en Estados Unidos.
