México advierte defensa diplomática, política y legal ante propuesta en EE.UU. de gravar remesas
El canciller Juan Ramón de la Fuente calificó como “una medida absolutamente discriminatoria” la propuesta impulsada en Estados Unidos para imponer impuestos a las remesas enviadas por migrantes, y advirtió que el Gobierno de México emprenderá una defensa firme en los ámbitos diplomático, político y legal para proteger a los connacionales afectados.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, De la Fuente aclaró que si bien la iniciativa legislativa estadounidense no está dirigida específicamente contra México —India sería el país más afectado por volumen de remesas—, su impacto sobre la comunidad mexicana sería considerable.
“Es algo absolutamente discriminatorio. Independientemente de los fines recaudatorios, afecta a una proporción importante y sensible de connacionales”, señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien aseguró que ya se analizan rutas jurídicas para una eventual defensa formal.
“El compromiso es con la mejor defensa posible. Las partes jurídicas están analizando cuáles pudieran ser los mejores argumentos para, eventualmente, una defensa jurídica”, explicó.
El canciller también subrayó el papel crucial de los mexicanos en el desarrollo económico y social de Estados Unidos. “Si cumplen con sus responsabilidades deben ser tratados sin ser discriminados, y esta medida la encontramos discriminatoria”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que de concretarse esta propuesta, Estados Unidos violaría el tratado bilateral para evitar la doble tributación, vigente desde 1994. “Los flujos de dinero que envían los migrantes ya fueron gravados. Si se impone un nuevo impuesto, sería una doble tributación y una forma de discriminación fiscal”, puntualizó.
Amador citó el artículo 25 del acuerdo, que establece que ningún nacional de un Estado contratante debe ser sometido en el otro Estado a una carga tributaria más gravosa que la aplicada a sus propios ciudadanos.
El funcionario también recalcó que el 99.1% de las remesas enviadas desde EE.UU. a México se realizan mediante transferencias electrónicas, un sistema regulado, transparente y completamente monitoreado por las autoridades de ambos países.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los mexicanos radicados en Estados Unidos —con o sin ciudadanía— que envíen cartas a sus representantes en el Congreso estadounidense para expresar su rechazo. “Este impuesto sería claramente discriminatorio. Nuestro Gobierno no está de acuerdo con esta política y tomará otras acciones para visibilizar nuestra posición”, declaró.
La comunidad migrante mexicana envió más de 63 mil millones de dólares en remesas a México durante 2024, lo que convierte este flujo en una de las principales fuentes de ingreso para millones de familias. El intento de gravar estos recursos ha encendido alertas tanto en el Gobierno como en organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
