México busca mayores controles en venta de armas en EE.UU. con demandas en tribunales
El Gobierno de México continúa con su estrategia legal en Estados Unidos para frenar el tráfico de armas, impulsando demandas contra fabricantes y tiendas de armas con el objetivo de fortalecer los controles de venta en ese país y reducir el flujo de armamento hacia territorio mexicano.
Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que los litigios avanzan y que México cuenta con escenarios preparados para cualquier resultado. Así lo expuso durante el Foro Internacional sobre Tráfico y Desvío de Armas en Latinoamérica, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El equipo jurídico que representa a México se alista para la audiencia que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo en la Corte Suprema de EE.UU., como parte de la demanda presentada contra fabricantes de armas en una corte federal de Boston, Massachusetts.
En paralelo, el litigio contra cinco tiendas de armas en Tucson, Arizona, avanza favorablemente para México. “La jueza de distrito que lleva el caso ya dio paso a una nueva etapa conocida como discovery, que consiste en la recolección de evidencia para profundizar en el caso, y estamos ya en ese proceso”, explicó Arrocha.
Las demandas buscan no solo establecer mayores restricciones en la venta de armas, sino también influir en la percepción de la población estadounidense sobre el impacto del tráfico de armamento en México.
Arrocha subrayó que estos primeros casos permitirán abrir el camino para futuras acciones legales contra más puntos de venta de armas. En cumplimiento de las instrucciones del canciller Juan Ramón de la Fuente, México mantiene comunicación constante con los abogados Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y Steve Shadowen, quienes representan al país en estos litigios.
En el marco de la audiencia ante la Corte Suprema, México ha recibido respaldo de diversos sectores, con la presentación de nueve escritos de amicus curiae (“amigos de la corte”), los cuales incluyen posturas de la sociedad civil, autoridades de ambos países y gobiernos estatales en EE.UU., que apoyan la posición mexicana en este proceso legal.
