México y EE.UU. cierran investigación de derechos laborales de la automotriz Aludyne
El Gobierno de México anunció este viernes el cierre del caso sobre la presunta denegación de derechos laborales en la planta de autopartes Aludyne Automotive México City, ubicada en la Ciudad de México, tras una investigación conjunta con Estados Unidos conforme al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC.
En un comunicado conjunto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía (SE) informaron que no se encontraron elementos que acreditaran violaciones a los derechos de libertad sindical o de negociación colectiva por parte de la empresa, como denunció el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (Stimahcs).
“La STPS no encontró evidencia que respalde las acusaciones del sindicato en contra de Aludyne”, señalaron las autoridades.
Conclusiones de la investigación
La revisión concluyó que Aludyne respetó las jornadas laborales, los turnos, el pago de vacaciones y otras condiciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Respecto a la denuncia de despido injustificado de tres empleados por motivos sindicales, el Gobierno indicó que no se hallaron pruebas que lo acreditaran. No obstante, se reinstaló a un trabajador tras detectarse un posible indicio de despido vinculado a su actividad sindical.
La empresa, según el reporte, también:
Publicó una carta de neutralidad sindical y definió lineamientos de conducta internos.
Permitió a la STPS capacitar a todo el personal sobre libertad de asociación.
Participó en revisiones contractuales y salariales durante 2024 y 2025.
Se comprometió a implementar un protocolo contra la discriminación, violencia y acoso laboral.
Caso cerrado por ambas partes
Con estas acciones, los gobiernos de México y Estados Unidos determinaron que los hechos objeto de la queja fueron solventados, por lo que se dio por concluido el caso en el marco del MLRR del T-MEC.
Este es el segundo caso cerrado en lo que va del año bajo dicho mecanismo, que permite a los países del tratado reclamar violaciones laborales que ocurran en fábricas o centros de trabajo específicos.
