Migrantes viven encerrados en sus casas en LA sin empleo ni alimentos

En un contexto de creciente tensión por la política migratoria de Estados Unidos, Los Ángeles vive un ambiente de miedo y encierro para muchos migrantes indocumentados. Mientras tanto, se ha ordenado el retiro de la Guardia Nacional de la ciudad y se ha logrado la liberación de una mujer mexicana que había sido detenida.

Miedo y encierro en Los Ángeles
La presencia militar en las calles de Los Ángeles, que llegó a ser de hasta 500,000 guardias y marines en junio, se ha reducido significativamente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el retiro de 1,350 miembros, dejando solo a 250 efectivos en la ciudad.

A pesar de esta reducción, el miedo persiste entre la comunidad migrante. Alberto, un salvadoreño de 60 años, ejemplifica la situación al vivir encerrado en su casa desde hace más de un mes por temor a ser deportado. Para sobrevivir, depende de una organización que le lleva alimentos, ya que no se atreve a salir a buscar trabajo ni a comprar comida.

Liberación de mexicana genera sorpresa
En un caso que ha llamado la atención, la mexicana Paola Clouatre, de 25 años, fue liberada esta semana después de casi dos meses de detención en Luisiana. Su excarcelación fue posible gracias a la intervención del senador republicano John Kennedy, un aliado del presidente Donald Trump y defensor de su política migratoria.

Clouatre, madre de dos hijos, está casada con un veterano del cuerpo de marines. Fue detenida a pesar de haber iniciado un proceso para regularizar su situación migratoria, ya que pesaba sobre ella una orden de deportación de 2018. Esta orden se emitió después de que su madre faltara a una audiencia judicial, aunque Clouatre asegura no haber estado al tanto de la situación.

Críticas desde Cuba y otros países
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó a los políticos estadounidenses que, según él, “traicionan a su electorado” y apoyan la detención y deportación de migrantes sin el debido proceso, lo que provoca la separación de miles de familias.

Mientras tanto, en un tribunal federal de California, un juez extendió el estatus de protección temporal (TPS) para 60,000 personas de Centroamérica y Asia. La decisión revierte la medida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien había dictaminado que la situación en los países de origen ya no justificaba dicha protección.