La movilización del 17 de octubre reunió a sindicatos, opositores y organizaciones civiles en Túnez; los manifestantes exigieron recuperar libertades democráticas y mejorar las condiciones de vida
Miles de personas salieron a las calles de la capital de Túnez este sábado 17 de octubre para participar en una de las mayores manifestaciones de los últimos años contra el presidente Kais Saied, a quien acusan de concentrar el poder, debilitar las instituciones democráticas y no responder a la crisis económica que atraviesa el país.
La movilización fue encabezada por la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), una de las organizaciones sindicales más influyentes del país, con el respaldo de grupos de la sociedad civil y partidos de oposición. La protesta reunió a abogados, médicos, periodistas, personas desempleadas y ciudadanos inconformes con la situación política y económica.
Los manifestantes recorrieron la avenida Habib Bourguiba, en el centro de Túnez, un lugar emblemático por su papel durante las protestas de 2011 que contribuyeron a la caída del entonces presidente Zine El Abidine Ben Ali y al inicio de la llamada Primavera Árabe.
Durante la marcha, los participantes exigieron la liberación de críticos del Gobierno detenidos y el respeto a las libertades políticas y sindicales. También denunciaron las restricciones que, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, han afectado a periodistas, activistas y figuras opositoras.
La crisis económica fue otro de los principales motivos de la movilización. Los ciudadanos expresaron su preocupación por el desempleo, el encarecimiento de productos básicos, el deterioro de los servicios públicos y los frecuentes cortes en el suministro de agua y electricidad. También señalaron dificultades para conseguir medicamentos y otros artículos esenciales.
La concentración destacó por reunir a sectores opositores que durante años habían mantenido diferencias políticas y que ahora coincidieron en sus críticas al Gobierno. La participación conjunta de sindicatos, profesionales y organizaciones civiles representa un desafío para Saied, cuya administración ha enfrentado cuestionamientos por el rumbo político y económico del país.
El presidente amplió considerablemente sus atribuciones durante 2021 y 2022, cuando suspendió y posteriormente disolvió el Parlamento, destituyó a decenas de jueces y comenzó a gobernar mediante decretos. Sus adversarios calificaron aquellas decisiones como un golpe de Estado, mientras que Saied ha defendido sus acciones como necesarias para combatir la corrupción y superar el estancamiento político.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que desde entonces se ha intensificado la presión contra sectores críticos del Gobierno. Saied rechaza las acusaciones de autoritarismo y asegura que sus opositores buscan responsabilizarlo de los problemas económicos y promover la inestabilidad.
Cientos de policías fueron desplegados en distintos puntos de la capital para vigilar la manifestación y controlar la circulación. Durante la marcha se escucharon consignas en defensa de la libertad y contra la pobreza, además de llamados para poner fin a la concentración del poder político.
La movilización se produce en un contexto de creciente frustración social y podría aumentar la presión sobre el Gobierno tunecino. Las demandas de los participantes reflejan tanto el deterioro de las condiciones de vida como la preocupación por el futuro de las libertades públicas en un país que fue uno de los principales escenarios de la Primavera Árabe.
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