La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para castigar la producción y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
La ley impone de uno a ocho años de cárcel, las sanciones económicas ascienden a hasta 226 mil 280 pesos.
El dictamen prohíbe explícitamente la fabricación, distribución, venta, importación, exportación y toda forma de comercio de estos dispositivos, así como su publicidad.
Durante la discusión, la oposición criticó que la prohibición total solo abrirá la puerta al crimen organizado. La diputada Iraís Reyes (Movimiento Ciudadano) advirtió que “No regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos”.
Adicionalmente, la reforma incluye sanciones contra el uso ilícito del fentanilo y otras sustancias sintéticas.
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