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Navi Pillay recibe el Premio Nobel de la Paz 2026 por defender el derecho internacional

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El Comité Noruego del Nobel reconoció la trayectoria de la jurista sudafricana en la defensa de los derechos humanos y su contribución al procesamiento de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz, fortalecer el derecho internacional y garantizar que los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio sean llevados ante la justicia.

El Comité Noruego del Nobel anunció este viernes 9 de octubre la decisión y destacó la trayectoria de Pillay en la construcción de un orden jurídico internacional más sólido, así como su participación en instituciones encargadas de investigar y juzgar violaciones graves de los derechos humanos.

Nacida en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio durante el régimen del apartheid, Pillay enfrentó desde temprana edad las consecuencias de la discriminación racial. Su carrera jurídica estuvo marcada por la defensa de personas perseguidas y por su trabajo para combatir la exclusión y promover la igualdad ante la ley.

Entre sus principales responsabilidades, se desempeñó como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, integrante del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza de la Corte Penal Internacional. También ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

El Comité Nobel resaltó especialmente su participación en los procesos judiciales relacionados con el genocidio de Ruanda. Durante su labor en el tribunal internacional, contribuyó al desarrollo de criterios jurídicos que reconocieron que la violación y la violencia sexual pueden constituir crímenes de lesa humanidad y, bajo determinadas circunstancias, genocidio.

Otro de los aspectos destacados fue su trabajo para establecer responsabilidades individuales por actos de violencia masiva y promover mecanismos judiciales que permitan investigar los abusos, independientemente de la posición o el poder de quienes los cometan.

Pillay también presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, entre 2021 y 2025. Durante ese periodo, la comisión investigó presuntas violaciones del derecho internacional en el contexto del conflicto palestino-israelí.

Actualmente, la jurista participa como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso presentado por Gambia contra Myanmar, relacionado con acusaciones de genocidio contra la población rohinyá.

Al anunciar el galardón, el Comité Noruego señaló que el derecho internacional constituye una herramienta fundamental para prevenir conflictos, exigir responsabilidades y construir una paz duradera. También advirtió sobre las presiones que enfrentan las instituciones jurídicas internacionales y la necesidad de fortalecer su independencia.

La decisión busca reconocer no solamente la trayectoria individual de Pillay, sino también la importancia de los tribunales y los mecanismos internacionales para atender crímenes graves y proteger la dignidad humana.

El anuncio también generó reacciones encontradas. Mientras representantes de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos destacaron el reconocimiento a su trabajo, el gobierno de Israel criticó la decisión debido al papel que desempeñó Pillay en investigaciones de Naciones Unidas relacionadas con la guerra en Gaza.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó al Comité Nobel de actuar de manera parcial y cuestionó las conclusiones de la comisión que Pillay presidió. Las críticas contrastaron con los argumentos del comité, que fundamentó el premio en su trayectoria jurídica y en su contribución al fortalecimiento del derecho internacional.

Con este reconocimiento, el Comité Noruego del Nobel subrayó que la paz requiere instituciones capaces de aplicar la ley, investigar las violaciones graves y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia.

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