Nicaragua Despoja de Nacionalidad y Decomisa Bienes de 135 Presos Políticos
Managua.- La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha decidido despojar de su nacionalidad a los 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala el pasado 5 de septiembre. La medida también incluye el decomiso de sus bienes, según una resolución emitida por la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
En una declaración oficial, el Poder Judicial nicaragüense informó que la sentencia considera a estos individuos culpables de delitos graves que habrían atentado contra la soberanía, independencia y autodeterminación del país. La resolución detalla que estos presos políticos también habrían incitado y promovido violencia, odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz y el orden constitucional.
La Corte basó su decisión en la Constitución Política de Nicaragua, el Código Penal, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y Soberanía, y la Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad. El decomiso de bienes se justifica, según la sentencia, para resarcir los daños materiales e inmateriales causados por las actividades delictivas de los condenados.
La Sala Penal del Tribunal subrayó que la medida reafirma el compromiso del gobierno nicaragüense con la justicia y la reparación de las víctimas. “La decisión de mérito constituye un paso más hacia el legado de paz, solidaridad, dignidad, justicia, verdad y convivencia pacífica que demanda nuestro pueblo”, concluyó la nota.
Estados Unidos había anunciado el 5 de septiembre la liberación de estos 135 individuos, a quienes se describió como “prisioneros políticos injustamente detenidos” en Nicaragua. Tras su liberación, los excarcelados fueron acogidos en Guatemala. Sin embargo, ni EE.UU., ni Guatemala, ni Nicaragua han oficializado la lista de los beneficiados.
Entre los expulsados y ahora apátridas se encuentran figuras destacadas como el periodista Víctor Ticay, el filósofo Freddy Quezada, la opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, y el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros. También se incluyen 13 miembros del Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, una organización evangélica.
Este conflicto se enmarca en la crisis política y social que Nicaragua atraviesa desde abril de 2018, exacerbada tras las elecciones controvertidas de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato. La administración Ortega ha enfrentado críticas internacionales por la represión de opositores y la violación de derechos humanos.