El expresidente venezolano y su esposa rechazaron las acusaciones durante una audiencia en Nueva York; el juicio fue aplazado para junio de 2027
El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los nuevos cargos que enfrentan en Estados Unidos por presunta conspiración para cometer torturas contra opositores políticos y otras personas, durante una audiencia celebrada este jueves 15 de octubre en un tribunal federal de Manhattan, Nueva York.
La comparecencia se realizó ante el juez federal Alvin Hellerstein, después de que la Fiscalía estadounidense presentara una acusación ampliada contra ambos. El nuevo expediente incorpora señalamientos relacionados con una presunta campaña de represión y tortura, además de los cargos previos vinculados con narcotráfico y delitos relacionados con armas.
Durante la audiencia, Maduro rechazó las imputaciones y aseguró que eran falsas. El juez intervino para registrar formalmente su declaración de no culpabilidad. Por su parte, Cilia Flores afirmó ante el tribunal que era completamente inocente y negó los cargos en su contra.
De acuerdo con la acusación de los fiscales estadounidenses, Maduro habría dirigido a funcionarios venezolanos para que torturaran a opositores políticos y militares sospechosos de conspirar contra su gobierno, con el propósito de conservar el poder. Las autoridades sostienen que Flores también habría participado en la presunta estrategia.
Uno de los episodios incluidos en el expediente se remonta a 2014, cuando Maduro presuntamente ordenó el secuestro de integrantes de las Fuerzas Armadas para obtener información sobre posibles disidentes. Según los fiscales, durante una reunión habría solicitado intensificar la presión contra quienes se resistían a proporcionar información, mientras que Flores habría respaldado el plan y descartado una alternativa basada en la infiltración.
La acusación también describe presuntos métodos de tortura que incluirían golpes, asfixia, descargas eléctricas e intimidación psicológica. Los fiscales sostienen que estas prácticas habrían sido utilizadas contra personas consideradas adversarias del gobierno venezolano, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, Maduro y Flores no están acusados de ejecutar personalmente los actos de tortura, sino de presuntamente participar en una conspiración relacionada con estos hechos. Las imputaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales y ambos conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
Si fueran declarados culpables de todos los cargos, podrían enfrentar una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
La nueva acusación amplía el proceso penal que ya enfrentaban en Estados Unidos por presuntamente utilizar sus posiciones de poder para facilitar operaciones de narcotráfico. Ambos habían rechazado previamente esas imputaciones.
El juez también modificó el calendario judicial y aplazó el inicio del juicio hasta el 14 de junio de 2027, dos semanas después de la fecha prevista anteriormente. La modificación permitirá a la defensa y a la Fiscalía preparar sus argumentos ante la incorporación de los nuevos señalamientos.
Los abogados de Maduro han cuestionado la legalidad del proceso y han planteado argumentos relacionados con la inmunidad derivada de su anterior cargo como jefe de Estado. La defensa busca que se examinen esos planteamientos mientras continúa la causa penal.
Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas militares estadounidenses durante una operación en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladados a Nueva York para enfrentar los cargos. Desde entonces permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
La captura puso fin a los 13 años de Maduro en el poder y modificó el panorama político venezolano. Desde entonces, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante su gobierno, asumió el liderazgo del país y ha incrementado la cooperación con Washington.
El proceso judicial contra la pareja representa una ampliación significativa de las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses. La próxima etapa estará marcada por la preparación del juicio, en el que la Fiscalía deberá presentar pruebas para respaldar sus señalamientos y la defensa tendrá oportunidad de controvertirlos.
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