El Parlamento de Nueva Zelanda aprobó recientemente una iniciativa para incorporar tecnologías de inteligencia artificial (IA) en ciertos procesos administrativos dentro del sistema judicial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir la carga burocrática. Esta medida busca automatizar tareas rutinarias como la revisión de documentos, la gestión de citas y la evaluación preliminar de casos, sin reemplazar la toma de decisiones judiciales.
El proyecto fue presentado como parte de una estrategia más amplia para modernizar el sector público y aprovechar las ventajas de la digitalización. Autoridades destacaron que la IA permitirá acelerar trámites y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios judiciales, especialmente en áreas remotas o con menor cobertura.
Sin embargo, la implementación ha generado un debate público sobre los posibles riesgos, incluyendo preocupaciones sobre la transparencia, la protección de datos personales y la imparcialidad de los algoritmos. Expertos en derecho y ética han instado a establecer mecanismos de supervisión rigurosos para evitar sesgos y garantizar que la tecnología complemente, y no sustituya, la intervención humana en decisiones sensibles.
Nueva Zelanda se suma así a un grupo creciente de países que exploran el uso de IA en la administración pública y judicial, en un contexto global donde estas tecnologías están transformando diversas áreas del gobierno. Las primeras pruebas piloto comenzaron en tribunales administrativos y tribunales de menor instancia, con evaluaciones continuas para ajustar el sistema.
El gobierno ha anunciado que continuará consultando con organizaciones civiles, profesionales del derecho y expertos en tecnología para definir el marco regulatorio que regule el uso de IA, priorizando siempre los derechos fundamentales y la justicia.
Este avance refleja la tendencia internacional hacia la digitalización judicial, pero también subraya la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre innovación y salvaguarda de principios democráticos.
