California, Nueva York y otros siete estados cuestionan acuerdos por mil 400 millones de dólares para cancelar proyectos de energía eólica marina
Los fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados de Estados Unidos demandaron por separado al gobierno del presidente Donald Trump por utilizar fondos públicos para cancelar contratos relacionados con proyectos de energía eólica marina.
Los litigios se presentaron el 22 de septiembre y forman parte de una disputa legal entre varios estados y la administración federal por los acuerdos alcanzados con empresas energéticas para que abandonen proyectos de generación eólica en aguas estadounidenses.
Una de las demandas es encabezada por Nueva York y cuenta con la participación de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont. Los ocho estados buscan bloquear dos acuerdos mediante los cuales el gobierno federal entregaría aproximadamente mil 400 millones de dólares a las empresas Bluepoint Wind e Invenergy a cambio de cancelar cuatro proyectos eólicos marinos.
Los estados sostienen que el gobierno federal utilizó de manera indebida recursos públicos para cancelar los proyectos y cuestionan que parte de los acuerdos contemple que las empresas destinen los recursos recibidos a proyectos relacionados con combustibles fósiles en otras regiones del país.
Los proyectos afectados se encontraban previstos frente a las costas de Nueva York y Nueva Jersey. De acuerdo con los gobiernos estatales, las instalaciones habrían representado inversiones de miles de millones de dólares y la creación de miles de empleos.
En el caso de Nueva York, las autoridades señalaron que los dos proyectos cancelados representaban una inversión superior a 16 mil millones de dólares y que se esperaba que generaran más de 2 mil 800 empleos en el estado.
California presentó por su parte un segundo litigio para intentar anular un acuerdo mediante el cual el gobierno federal pagaría más de 111 millones de dólares a Invenergy para que abandonara su contrato de arrendamiento para desarrollar energía eólica en la zona de Morro Bay, frente a la costa central del estado.
El acuerdo fue firmado en junio por el Departamento del Interior e incluye una condición para que las filiales de Invenergy inviertan una cantidad equivalente en proyectos de combustibles fósiles o energía geotérmica fuera de California. El fiscal general estatal, Rob Bonta, busca que el acuerdo sea invalidado judicialmente.
Las demandas se suman a otros litigios iniciados previamente contra las decisiones de la administración Trump relacionadas con el desarrollo de energía eólica marina. En agosto, el gobierno federal acordó pagar mil 220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore para que renunciara a tres contratos de arrendamiento ubicados frente a las costas de California, Nueva York y Luisiana.
En conjunto, la administración Trump ha acordado pagos superiores a 4 mil millones de dólares a empresas energéticas a cambio de que renuncien a una docena de contratos de arrendamiento vinculados con proyectos eólicos marinos, de acuerdo con información de Stateline.
Los estados demandantes sostienen que las decisiones federales interfieren con sus planes energéticos y cuestionan la autoridad utilizada para destinar recursos públicos a la cancelación de los proyectos. Las demandas deberán ser analizadas ahora por los tribunales federales, que determinarán la legalidad de los acuerdos.
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