La relatora especial Gina Romero expresó preocupación por el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y las detenciones durante la manifestación por agua contaminada
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno de México investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de policías de Jalisco durante la manifestación contra la contaminación del agua realizada en Guadalajara.
Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, calificó de preocupante el presunto uso de gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión contra los manifestantes, así como las denuncias de detenciones arbitrarias.
La representante del organismo internacional llamó a realizar una investigación pronta e independiente sobre los señalamientos de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y posibles violaciones a los derechos humanos. También pidió evitar discursos que estigmaticen a quienes ejercen sus libertades fundamentales.
La protesta se realizó el domingo 11 de octubre, cuando miles de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara salieron a las calles para exigir soluciones al problema del agua contaminada que llega a sus viviendas. La movilización comenzó de manera pacífica, pero terminó con enfrentamientos, personas lesionadas y detenciones frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
El mandatario estatal señaló que un grupo de choque habría provocado disturbios durante la movilización. Sin embargo, también reconoció que el operativo policial presentó graves errores y deficiencias que deben investigarse y sancionarse.
Lemus admitió que hubo un uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, además de señalar que ya fueron identificados agentes que presuntamente actuaron con violencia. El gobernador sostuvo que ninguna persona debió quedar expuesta al uso de agua a presión o gases durante la intervención policial.
De acuerdo con los reportes oficiales, 39 personas fueron detenidas durante los hechos. Posteriormente, 32 quedaron en libertad, mientras que siete hombres fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, señalados por presuntas lesiones dolosas contra policías y por desobediencia o resistencia de particulares.
Colectivos, abogados y familiares de los detenidos cuestionaron las acusaciones y denunciaron posibles irregularidades durante los arrestos. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que participa en la defensa legal de algunos de ellos, pidió a la Fiscalía estatal respetar el debido proceso y garantizar el derecho a una defensa adecuada.
Las denuncias por la actuación policial también generaron llamados de organizaciones de derechos humanos para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. La exigencia central es que las autoridades documenten las actuaciones de los agentes y garanticen que las personas detenidas tengan acceso a información sobre su situación jurídica.
El conflicto se originó por las quejas de habitantes de distintas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, quienes denuncian desde hace meses problemas relacionados con la calidad del agua que reciben en sus hogares. Los reclamos incluyen reportes de malos olores y posibles contaminantes, así como exigencias para que las autoridades atiendan el problema y garanticen el suministro de agua segura.
La petición de la ONU se suma a las demandas para esclarecer la actuación de las corporaciones de seguridad durante la manifestación y garantizar el derecho a la protesta pacífica. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias de los enfrentamientos y establecer si existieron abusos o violaciones a los derechos humanos.
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