La empresa alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. tras ser acusada de favorecer a trabajadores con visas temporales sobre ciudadanos estadounidenses en procesos de contratación.
OpenAI y su filial Statsig acordaron pagar 3.2 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, que concluyó que ambas compañías discriminaron a trabajadores estadounidenses al favorecer la contratación de empleados extranjeros con visas temporales para determinados puestos.
De acuerdo con las autoridades, las empresas incumplieron las normas del programa de Certificación Laboral Permanente (PERM), un requisito para que trabajadores extranjeros puedan obtener la residencia permanente patrocinada por un empleador. La investigación determinó que OpenAI no publicó en su portal de empleo las vacantes sujetas a este programa, aunque sí difundía otros puestos disponibles. Además, exigía que las solicitudes se presentaran en formato impreso y anunciaba algunas vacantes por radio durante la madrugada, lo que dificultaba la participación de candidatos estadounidenses.
Como parte del acuerdo, OpenAI pagará 1.2 millones de dólares en sanciones civiles y destinará 2 millones de dólares a un fondo para compensar los salarios dejados de percibir por los trabajadores afectados. Asimismo, la empresa deberá modificar sus procesos de contratación, publicar las vacantes relacionadas con el programa PERM en sus canales habituales, aceptar solicitudes electrónicas y capacitar a su personal sobre las leyes contra la discriminación laboral.
Aunque OpenAI rechazó haber actuado de manera indebida, aceptó el acuerdo para poner fin a la investigación y continuar apoyando a empleados que requieren patrocinio migratorio. El Departamento de Justicia destacó que, si bien el caso involucró menos de diez vacantes, el monto del acuerdo refleja el impacto de impedir que trabajadores estadounidenses accedieran a empleos tecnológicos altamente remunerados.
El caso forma parte de una estrategia del gobierno estadounidense para reforzar el cumplimiento de las leyes laborales y migratorias, con especial atención a las empresas que utilizan programas de visas temporales para contratar personal extranjero. Según el DOJ, este es el decimotercer acuerdo alcanzado desde 2025 dentro de la iniciativa para combatir la discriminación basada en la ciudadanía en los procesos de contratación.
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