Orden de Trump de congelar fondos afecta salud, alimentación y apoyo a discapacitados

Un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de congelar de inmediato todas las subvenciones y préstamos federales, una medida que amenazaba con paralizar programas esenciales de educación, sanidad y asistencia social en Estados Unidos.

La jueza Loren L. AliKhan emitió la suspensión minutos antes de que la directiva entrara en vigor a las 17:00 horas de este martes. Su decisión se mantendrá hasta el 3 de febrero, mientras evalúa una posible orden de restricción temporal solicitada por varias organizaciones afectadas.

Según informó CNBC News, la Administración Trump justificó la pausa en la financiación argumentando que era necesaria para garantizar que los fondos cumplan con sus nuevas órdenes ejecutivas. Entre ellas, se incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

Impacto en sectores clave
Un memorando del lunes, firmado por el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Matthew J. Vaeth, advirtió que la congelación afectaría no solo a la ayuda exterior y a organizaciones no gubernamentales, sino también a sectores cruciales dentro de Estados Unidos.

Entre los programas más golpeados están:

Investigación sanitaria, que depende de fondos federales para el desarrollo de tratamientos y vacunas.
Asistencia alimentaria, que sostiene programas como el SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), del cual dependen millones de familias.
Apoyo a personas con discapacidad y veteranos, sectores que podrían enfrentar retrasos en la entrega de recursos y servicios esenciales.
Además, la medida podría comprometer la ayuda destinada a la recuperación de desastres naturales, como los incendios en California y las inundaciones en Carolina del Norte, dos estados que Trump visitó recientemente con promesas de respaldo federal.

Demandas contra la medida
La decisión de congelar fondos desató reacciones inmediatas de organizaciones como el National Council of Nonprofits, la American Public Health Association y la Main Street Alliance, que presentaron demandas argumentando que la Administración Trump no puede ejecutar tales acciones sin pasar por el Congreso.

Si bien reconocieron que el gobierno tiene libertad para establecer sus prioridades, insistieron en que debe hacerlo “dentro de los confines de la ley”, algo que, en su opinión, no se ha respetado en este caso.

El fallo de la jueza AliKhan representa una pausa en la disputa legal, pero la incertidumbre sobre el futuro de estos fondos mantiene en vilo a millones de estadounidenses que dependen de ellos.