Amnistía Internacional emitió una alerta global tras revelar un alarmante incremento en la aplicación de la pena capital en diversas naciones de Medio Oriente durante el pasado año fiscal, periodo en el que regímenes como el de Irán y Arabia Saudita establecieron récords históricos de ejecuciones.
El informe anual de la organización de derechos humanos detalló que las autoridades de Teherán consolidaron este castigo como una herramienta sistemática de opresión y control político interna, contabilizando más de dos mil cien ejecuciones que representan la cifra más alta registrada en ese territorio desde principios de la década de los ochenta.
Los activistas denunciaron que los tribunales persas dictaron las sentencias máximas con el objetivo de suprimir la disidencia ciudadana y castigar de forma severa a los sectores sociales que cuestionaron la legitimidad del orden establecido.
Por su parte el gobierno de Arabia Saudita ejecutó a más de trescientas cincuenta personas en el mismo lapso, superando los índices punitivos de años anteriores bajo procesos judiciales señalados por la comunidad internacional debido al incumplimiento de las garantías procesales mínimas.
Las investigaciones humanitarias revelaron que un gran porcentaje de las aplicaciones de la pena de muerte en suelo saudí estuvieron vinculadas directamente al combate al narcotráfico, contraviniendo las normativas globales que restringen este castigo exclusivamente a crímenes que involucren la pérdida de vidas humanas.
Mientras naciones como Kuwait triplicaron sus estadísticas punitivas tras endurecer sus legislaciones contra el tráfico de estupefacientes a menores, los organismos internacionales instaron a las cancillerías regionales a suspender de forma inmediata estas prácticas basadas en confesiones obtenidas mediante coacción física.
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