El tribunal concluyó que no hay base suficiente para investigar si las sanciones estadounidenses constituyen crímenes de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) decidió archivar la denuncia presentada por Venezuela en la que acusaba a Estados Unidos de cometer crímenes de lesa humanidad mediante la imposición de sanciones económicas contra el país sudamericano.
La investigación se originó en 2020, cuando el gobierno venezolano solicitó al tribunal examinar si las sanciones estadounidenses —como congelamiento de activos, restricciones financieras y prohibiciones de viaje— habían provocado graves daños a la población civil.
Sin embargo, la fiscalía de la CPI concluyó que no existe evidencia suficiente para demostrar la intención criminal necesaria para considerar dichas medidas como crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. Aunque el organismo reconoció que las sanciones pueden haber agravado la situación humanitaria en Venezuela, determinó que no se cumplen los requisitos jurídicos para abrir un caso formal.
La decisión es independiente de otros procesos relacionados con Venezuela. De hecho, la Corte mantiene abierta una investigación distinta sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas durante la represión de protestas en 2017.
El caso también se produce en medio de la crisis política que vive el país, marcada por tensiones con Estados Unidos y cambios recientes en el panorama político venezolano, lo que ha influido en el contexto internacional de las denuncias presentadas ante organismos judiciales internacionales.
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