Una situación de tensión se registró en la zona marítima de los municipios de Empalme y Guaymas, donde alrededor de 150 pescadores a bordo de 70 ‘pangas’, rodearon a una unidad de la Secretaría de Marina-Armada de México, tras el desacuerdo por la aplicación de la normativa que limita a un solo chinchorro por embarcación.
El conflicto pone sobre la mesa una problemática que desde hace tiempo enfrenta el sector pesquero ribereño, mientras la autoridad sostiene que debe cumplirse lo establecido en la legislación vigente, los pescadores argumentan que trabajar con una sola red resulta insuficiente y económicamente inviable para sostener su actividad.
El conflicto suscitó alrededor de las 10:30 de la mañana de este viernes, cuando en inmediaciones de la playa del Cochorit, durante actividades de verificación de la luz de malla de una red agallera en el agua, la tripulación de una de las embarcaciones pesqueras manifestaron su inconformidad, donde se negaron a ser revisadas, donde se constató por parte del personal de Conapesca y Marina, transportaban más de un chinchorro.
De un momento a otro, decenas de pangas con trabajadores del mar rodearon al buque tipo Patrulla Costera de la Secretaría de Marina-Armada de México, para evitar que los oficiales de Semar asi como los inspectores de Conapesca decomisaron los chinchorros extras.
Fueron momentos de tensión que se registraron, debido que hubo gritos contra el personal naval y federal, donde los pescadores se organizaron para impedir el operativo, rodeando el buque para advertir a los marinos que ya no permitirán los decomisos de sus artes de pesca, pues lo único que quieren es trabajar.
José Ramón Ocampo Meza, presidente de la Unión de Pescadores Región Guaymas-Empalme, dijo en entrevista para FM105, que desde hace varios años han planteado al Gobierno del Estado de Sonora, autoridades federales, Capitanía de Puerto y Semar, la necesidad de actualizar los permisos de pesca.
La problemática es que por cada panga de pesca ribereña tienen derecho a un chinchorro y los trabajadores del mar afirman que, bajo esas condiciones, su actividad es incosteable.
“Esta mañana el hartazgo de los pescadores derivó en ese incidente, las pangas que andan trabajando tienen que pescar para llevar al sustento a sus casas y no los quieren dejar trabajar, es muy peligroso este tipo de incidente porque una panga puede chocar con otra y haber accidentes, pero los responsables son las autoridades con esos operativos”, dijo el líder de los pescadores.
En total, llegaron más de 70 pangas para rodear el buque de la Semar. Los pescadores advierten que ya no permitirán el decomiso de sus artes de pesca, aseguran que están bien organizados y que lo único que quieren es trabajar tranquilos y honradamente para mantener a sus familias.
Los pescadores denuncian que se trata de un hostigamiento de las autoridades contra las personas que trabajan, el cual no solamente ocurre en altamar, sino también en la ribera, los muelles y puentes de los puertos de Guaymas y Empalme.
Actualmente se desarrolla la temporada de camarón y jurel, pero los precios del combustible y demás insumos han vuelto muy complicada la actividad pesquera.
Los pescadores advierten que ya no permitirán que les quiten sus herramientas de trabajo y señalan que las autoridades han tenido suficiente tiempo para regularizar y revisar los permisos de pesca.
De acuerdo con los planteamientos del sector, históricamente las embarcaciones han operado con dos o hasta tres redes, al considerar que esto permite hacer rentable la jornada de pesca.
El problema va más allá de una disposición administrativa. La actividad pesquera también enfrenta dificultades económicas, condiciones climáticas adversas y la preocupación por mantener el aprovechamiento responsable de los recursos marinos.
El debate plantea dos realidades: el cumplimiento de una legislación que la autoridad está facultada para aplicar y la necesidad de que las reglas respondan a las condiciones actuales de quienes dependen de la pesca para llevar el sustento a sus hogares.
La discusión abre también la necesidad de revisar si la normativa vigente requiere una actualización que permita conciliar la actividad económica de los pescadores con la protección del recurso camaronero.
