Redadas migratorias golpean a la construcción en EE.UU.: hasta el 75 % de sus trabajadores son migrantes
La industria de la construcción en Estados Unidos enfrenta una amenaza directa tras una serie de redadas migratorias en sitios de obra en Florida, Luisiana y Nueva York, en momentos en que el gobierno de Donald Trump busca acelerar las deportaciones a un ritmo de tres mil personas por día.
La situación ha generado alarma en un sector que depende fuertemente de la mano de obra migrante: a nivel nacional, uno de cada cuatro trabajadores de la construcción es extranjero, y en ciudades como Miami, la cifra se eleva hasta un 75 %, según datos del American Immigration Council y del Centro Metropolitano de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
La semana pasada, más de cien migrantes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras fueron detenidos durante una redada en un sitio de construcción en Tallahassee, la capital de Florida. Dos semanas antes, una operación similar en The Villages dejó varias decenas de arrestos. Estos operativos se han replicado en otras entidades y han provocado el ausentismo de trabajadores por miedo a ser deportados.
“Nosotros, los latinos, somos la fuerza que mueve este país. Hoy en día uno se siente temeroso por todo lo que está pasando, que no se había visto antes”, declaró a EFE Aarón Pineda, un trabajador hondureño con Estatus de Protección Temporal (TPS) que labora en Miami.
Una industria en riesgo
Con 432 mil 100 migrantes trabajando actualmente en la construcción solo en Florida —dos tercios del total del sector en el estado—, las redadas podrían tener efectos devastadores. Ned Murray, especialista en vivienda de FIU, advierte que esta podría ser “la industria más lastimada” por la política migratoria, dada su fuerte dependencia en trabajadores extranjeros, muchos de ellos indocumentados.
El sector enfrenta ya un déficit de 454 mil trabajadores a nivel nacional, mientras que el Urban Institute estima que Estados Unidos necesita 3.7 millones de viviendas adicionales para estabilizar los precios. Las deportaciones masivas —según proyecciones, podrían costar hasta 1.8 millones de empleos en el rubro— empeorarían la ya profunda crisis habitacional.
Clima de persecución
Organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) han condenado las redadas por generar un ambiente de “persecución” y “miedo” en las comunidades latinas. “Si espantamos a la gente que está dispuesta a trabajar bajo el sol y tiene la habilidad para estas tareas, no sé cómo vamos a seguir con los proyectos de construcción que tanto necesitamos”, advirtió Thomas Kennedy, consultor de FLIC.
Pese a las críticas, autoridades estatales como el gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier han defendido los operativos. “En Florida estamos liderando el trabajo para ayudar a la Administración Trump a implementar la ley inmigratoria federal”, publicó Uthmeier en redes sociales tras la redada de Tallahassee.
Con el déficit de vivienda alcanzando niveles críticos y la escasez de mano de obra agravándose, el choque entre la política migratoria y la realidad económica del país se vuelve cada vez más evidente.
