La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la iniciativa de reforma constitucional para regular y reducir pensiones millonarias de exfuncionarios no incluye a las Fuerzas Armadas ni al Ejército mexicano, y se aplicará únicamente a personal civil de confianza y directivos públicos cuyos haberes se consideran “excesivos”. La medida busca limitar jubilaciones que, en algunos casos, superan los 70 000 pesos mensuales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó este viernes que la propuesta de reforma constitucional destinada a poner topes a las pensiones de exfuncionarios del Gobierno federal y organismos públicos no contempla a las Fuerzas Armadas, incluido el Ejército mexicano.
Durante su conferencia matutina en Irapuato, Guanajuato, la mandataria explicó que la iniciativa se enfoca exclusivamente en personal civil de confianza y cuadros directivos que reciben jubilaciones consideradas “excesivas”, y respondió preguntas sobre el alcance del proyecto, que aún no se ha presentado formalmente ante el Congreso de la Unión.
“Ayer que fue Día del Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto”, señaló Sheinbaum, y subrayó que se trata de prestaciones que en muchos casos no se justifican por el tiempo de servicio laboral.
La reforma planteada busca modificar el artículo 127 de la Constitución para que ninguna pensión de exfuncionarios de mando de confianza pueda exceder un límite aproximado de 70 000 pesos mensuales, como parte de un esfuerzo por reducir las llamadas pensiones millonarias que perciben algunos exdirectivos de entidades como Pemex, CFE y otros organismos descentralizados.
Sheinbaum ha defendido la iniciativa como una medida para combatir privilegios y excesos en el gasto público, aunque ha recalcado que no afectará a trabajadores sindicalizados ni a quienes tienen derecho a prestaciones derivadas de contratos colectivos.
La aclaración se da en medio del debate social y político sobre el costo de las jubilaciones elevadas y la búsqueda de mecanismos legislativos para limitar los montos de las pensiones pagadas con recursos públicos.
