El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, confirmó que el nuevo registro de líneas telefónicas móviles en México no corresponde a un padrón del Gobierno federal, sino a un proceso realizado por las empresas de telefonía, con el objetivo de combatir delitos como la extorsión, fraudes y secuestros virtuales.
En una entrevista para Radio Fórmula, Peña Merino aseguró que no existe un registro de usuarios de telefonía controlado por el gobierno y que la idea de que el Estado pueda “espiar” a los ciudadanos a través de este esquema es falsa. “El Gobierno no es el que está haciendo el registro ni tiene acceso a esta información”, subrayó el funcionario.
El proceso obliga a que cada línea telefónica esté asociada a una persona identificada con su CURP y, para ello, los usuarios pueden acudir a los centros de atención de las compañías o realizar el trámite de forma remota, presentando identificación oficial. Peña Merino también aclaró que las empresas no resguardan datos biométricos, sino únicamente la información básica requerida por ley.
El funcionario enfatizó que, en caso de que una línea telefónica esté involucrada en la comisión de un delito, las autoridades de investigación podrán solicitar información a las empresas bajo los términos del Código Penal Federal, pero no existe un padrón centralizado en manos del Estado.
Este registro obligatorio forma parte de una reforma reciente para asociar todas las líneas móviles a identidades concretas, con el objetivo de reducir el uso de números anónimos para fines delictivos, una práctica que durante años dificultó la identificación de responsables por parte de las autoridades.
